Revisión de la deuda, reforma judicial y legalización del aborto: así fue la apertura de sesiones 2020

Alberto Fernández realizó la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Tal como estaba previsto, el mandatario realizó un discurso conciliador aunque hizo mención de la crisis económica que dejó el gobierno anterior, como así también de la deuda que se está negociando desde hace algunas semanas, aunque atendiendo en principio a quienes más lo necesitan, con medidas concretas como el aumento a jubilaciones, la puesta en marcha del Plan Remediar, el congelamiento de tarifas, entre otras. 

“No estoy aquí tan solo enlazando palabras de ocasión. Con este discurso, vengo a darle a mi palabra el valor del compromiso. Vengo a contarles en qué lugar estamos parados, cuáles son los riesgos que nos acechan y cuáles son las fortalezas a las que podemos acudir para avanzar”, comenzó su discurso el Presidente, y explicó: “Hemos encontrado una situación extremadamente delicada. Recibimos un país dañado y con su alma herida por divisiones profundas. Quiero recuperar el valor de la palabra. No busco revancha. Necesito que todos asumamos la verdad que nos toca. El punto de partida de esta construcción social no puede ser otro que el reconocimiento del punto exacto en el que estamos. Debemos enfrentar una deuda pública récord. Sólo en 2020, los vencimientos de capital representan 48 mil millones de dólares. Debemos adicionarle 14 mil en concepto de intereses de esa deuda. Yo aspiro a que esta vez, a través del diálogo, encontremos el camino que nos conduzca a sostener el desarrollo y a preservar las cuentas públicas”.

“Comenzaremos por los últimos para llegar a todos”, dijo Fernández y describió que se está trabajando para disminuir las causas macroeconómicas de la inflación, y que empieza a dar incipientes resultados.“Que los precios dejen de crecer en la Argentina es una responsabilidad de todos. Este Gobierno se va a poner al frente de la lucha contra la inflación usando todas las herramientas legales con las que cuenta. No es posible que el precio de los alimentos siga creciendo. Vamos a exigirles responsabilidad a los formadores de precios. Debemos terminar con la Argentina de los vivos que se enriquecen a costa de los pobres bobos que estamos obligados a pagar lo que consumimos”, enfatizó el presidente.

Además dijo que se puso en marcha un modo plural y participativo, un plan que aspira a que todos los argentinos se conviertan en actores de la epopeya que significa derrotar al hambre. “Este drama nos debe avergonzar como sociedad que somos. La FAO advirtió que la inseguridad alimentaria tuvo un aumento de 71% desde 2015. Fue uno de los saltos más altos a nivel mundial. No sólo en concentración de la deuda batimos los récords. Comer no puede ser un privilegio”, señaló entre aplausos. 

En concreto, sobre la deuda el Jefe de Estado dijo: “El Banco Central de la República Argentina se encuentra analizando de modo pormenorizado la manera en que nuestro país recibió divisas en concepto de préstamos y el destino que los mismos merecieron. Todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo, acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándose la carga de la deuda. Esas prácticas son absolutamente reñidas con cualquier idea de progreso. Es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad: endeudarse solo para el beneficio de los especuladores y del prestamista. Debemos saber lo que pasó, quienes permitieron que ello suceda y quienes se beneficiaron con esas prácticas. Necesitamos no hacernos los distraídos ante lo ocurrido porque el riesgo que acarrea tal distracción es la concreción de un daño inmenso que deberían soportar varias generaciones de argentinos. Nunca más a un endeudamiento insostenible.Nunca más a decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas de la noche a la mañana, a espaldas del pueblo".

Fernández manifestó que además de hacer el análisis correspondiente, se han iniciado las negociaciones para reestructurar la deuda pública. Con ese propósito, se desplegó una intensa acción diplomática internacional, que tuvo como propósito dialogar con líderes de países del mundo central sobre la difícil situación que enfrenta el país. “En todos nuestros encuentros, recogimos comprensión. Todos advierten que Argentina es un país devastado por el endeudamiento y expresan un profundo estupor frente a lo sucedido. Todos tienen la certeza de que las clásicas recetas de ajuste y recesión no aliviarán nuestro pesar ni nos permitirán crecer”, detalló. 

Había trascendido también que el presidente no dejaría pasar la oportunidad para fijar su postura respecto a la reforma judicial en la que se pretende trabajar fuertemente: “vengo a asumir un compromiso inquebrantable. En este tiempo de la Argentina en el que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza”. Propiciamos la creación de un nuevo Fuero Federal Penal, que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De ese modo, los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado Nacional, dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados. Estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido. Los problemas de la Argentina no se resuelven con menos justicia sino con una mejor justicia”.

En el desarrollo de su discurso, que se extendió un poco más que una hora, Fernández no dejó de mencionar su compromiso respecto a la soberanía sobre las Islas Malvinas, con los Derechos Humanos y sus conceptos de Memoria Verdad y Justicia; respecto a la AMIA, comunicó que ordenará a la Agencia Federal de Investigaciones desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo.

Sin dudas, uno de los momentos a resaltar y en el cual el recinto aplaudió de pie, fue cuando el primer mandatario afirmó que dentro de los próximos diez días, presentará un Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para legalizar el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar.

A si mismo, respecto a esta decisión expresó: Simultáneamente, desde el Poder Ejecutivo Nacional, lanzaremos un contundente programa de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado. Nuestro propósito es también llegar a las mujeres de nuestro país en situación de vulnerabilidad social en la etapa que más necesitan la presencia del Estado: durante el embarazo, nacimiento, puerperio y primeros años de crianza. El Estado debe estar presente en esos tres momentos trascendentales de la familia para acompañar y brindar cuidado y protección: durante el embarazo de la mujer, en el nacimiento del hijo o hija y en el desarrollo de la primera infancia del recién nacido. Para ello necesitamos un Estado activo, con fuerte presencia, capaz de articular políticas públicas sustentables y que pueda asistir a las familias que necesitan su apoyo. En nuestro país existen ya numerosas políticas públicas para entender estas necesidades. Ahora necesitamos una coordinación más efectiva de ellas para optimizar sus beneficios. Seremos ambiciosos y buscaremos alcanzar un mayor número de mujeres y niños o niñas nacidas a fin de evitar la desprotección del Estado".

Junto a la ley que buscará legalizar el aborto, se enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley que instaure el Plan de los 1000 días, para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida. Por esa vía se quiere reducir significativamente las tasas de mortalidad y desnutrición, proteger los vínculos tempranos, el neurodesarrollo y la salud de madres e hijos de manera integral. “Estamos seguros que de este modo estamos ampliando los derechos de la mujer y dando protección a las que necesitan más apoyo en el momento del embarazo", aseguró Fernández.