Preparan un proyecto de ley para tipificar como delito al "lawfare"

En una audiencia pública convocada por la diputada Gisela Marziotta, legisladores y juristas analizaron una iniciativa que castiga a jueces que actúen con "malicia” y dicten sentencias basadas en falsedades. La necesidad imperiosa de tipificar como delito la guerra jurídica, popularizada bajo el nombre de “lawfare”, congregó ayer a diputados, abogados, fiscales y embajadores argentinos, junto a dirigentes políticos latinoamericanos —perseguidos por este mecanismo—, a un singular intercambio de saberes. 

Con el formato de una audiencia pública, convocada por la diputada Gisela Marziotta, los oradores, frente a representantes de la sociedad civil, gremios y movimientos sociales, analizaron los mecanismos del acoso judicial, amañado al hostigamiento mediático y a una decisión política, tras una pregunta argumentativa: ¿Puede el lawfare ser tipificado como delito? Durante su intervención, Marziotta explicó que lo que está "en peligro" no son solamente los gobierno populares sino todo el sistema democrático: "si hay lawfare no hay democracia". "El peligro que encierra es más enorme y está sucediendo a nivel regional, no nos pasa solo a nosotros. Hay un plan detrás del lawfare", expresó, y llamó a todos los espacios políticos a debatir un problema que "no es partidario" y que trasciende "las fronteras del Frente de Todos y Todas".

Las presentaciones, que oficiaron de respuesta; entre ellas la del constitucionalista Eduardo Barcesat, la del fiscal general Alejandro Alagia, las de las representantes ecuatorianas y del Estado Plurinacional de Bolivia; buscaron “llenar ese vacío que todavía tenemos respecto del lawfare” como señaló Marziotta al iniciar el encuentro, motivado por la escalada de violencia cuyo punto más alto fue el intento de magnicidio perpetrado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y al mismo tiempo apuntalar el proyecto de ley que lleva adelante el diputado Ramiro Gutiérrez (FdT), destinado a frenar el uso de “herramientas ilegales” para perseguir a líderes populares, que se presentaría en la Cámara baja la próxima semana.

La propuesta del diputado Gutiérrez, quien abrió la ronda de ponencias al mediodía en la sala 2 del Anexo del Congreso de la Nación, hizo foco en la necesidad establecer un castigo “para quienes decidan deteriorar el prestigio de una persona o el orden institucional de un país”, para que vaya "más allá de una multa como hoy prevé el Código Penal". Señaló a los jueces que en una “acción maliciosa” y abusando del poder de su cargo se fundan en falsedades para dictar sentencias. “Hasta ahora la pena era una multa –puntualizó Gutiérrez—, que ahora sea la cárcel”, sentenció.

A su lado la diputada Paula Penacca, secretaria parlamentaria del bloque del FdT, definió la reunión como parte de las actividades que “guían la construcción de las leyes”. Mientras su par, María Rosa Martínez —vicepresidenta de la Comisión de DD.HH.— describió la escalada de violencia que comenzó “con el ataque al Instituto Patria” y se extendió al armado entre la Justicia y los medios por el cual, el pedido de condena del fiscal Diego Luciani, fue transmitido “como en cadena nacional”, pero no así la defensa de CFK.

Tras el saludo de Germán Martínez, jefe de bloque del FdT en Diputados, grabado en video por su viaje al Chaco, comenzaron las presentaciones. El primero en contestar la pregunta que motivó la reunión fue Barcesat, quien no dudó en dar su voto positivo a la propuesta. Remitió al debate que provocó el concepto del “desaparecido” en la Justicia, para poder atravesar la “demonización del desaparecido” impuesta socialmente. E identificó en la doctrina militar estadounidense la construcción material y conceptual del lawfare. 

Barcesat tomó como ejemplo al exjuez Sergio Moro quien en Brasil sostuvo durante el proceso a Lula da Silva: “No tengo pruebas, pero tengo convicción”. Lula fue preso, pero ese proceso judicial “se concretó en un escritorio, no hubo juicio”, señaló el fiscal Alagia. De ahí “la necesidad de devolverle dignidad a los discursos y a las prácticas jurídicas”, compartió Barcesat.

La amalgama del lawfare “con la comunicación pública y la pata económica, se sostiene en la pata podrida del poder judicial” sostuvo el constitucionalista. “La otra es la embajada de Estados Unidos” describió. Sobre ese esquema se monta la puesta en escena de una ficción destinada a horadar el prestigio de un líder popular. Y se expande a través de discursos de odio que sedimentan “los inventos” en la sociedad que los absorbe a través de los medios, considerándolos como “sus propias conclusiones”.

La aseveración contenida en este esquema recorrió la mayoría de las presentaciones. Junto a la necesidad de denominar al “proceso de guerra judicial o persecución política o jurídica”, por su nombre en nuestro idioma, y dejar de llamarlo lawfare. “Ese nombre es inglés y necesitamos también descolonizar el lenguaje”, sostuvo el fiscal Alagia. Al historizar este tipo de persecuciones en la Argentina –desde el primer gobierno peronista pasando por el golpe del ’55, al golpe del ’76 y las leyes de Punto Final--, dejó en evidencia la “garantía de impunidad” que establecen sobre quienes cometen el delito de acusar sin pruebas, para imponer o sostener un modelo económico antipopular.

“La guerra jurídica siempre es ilegal”, sostuvo Alagia. Anula el principio de inocencia, instala la prisión preventiva como parte del proceso legal, y estas arbitrariedades están facilitadas por estructuras judiciales, añadió Alagia. “Lula va preso y asume Bolsonaro” sumó la periodista Telma Luzzani, al relatar el panorama regional. Los casos de Brasil, Ecuador y Bolivia anteceden al intento de magnicidio sobre CFK. Y desgrano a partir de ellos el modo en que la práctica mediática se convierte en instrumento diseminador, incentivando a agredir de manera “sistemática, constante y masiva”.

Las experiencias latinoamericanas fueron convalidadas a través de videoconferencias, por quienes vivieron persecución jurídica: Gabriela Rivadeneira --expresidenta del parlamento ecuatoriano y hoy asilada política en México— coincidió en la necesidad de tipificar el delito de persecución jurídica. Y se explayó en los encuadres “geopolíticos y geoeconómicos” que la definen. Susana Rivero, exministra y diputada del Estado Plurinacional de Bolivia, y abogada de Evo Morales, sostuvo que “se impone establecer una tipología para un ajuste normativo del lawfare. Es imprescindible legislar sobre esta práctica”, puntualizó, al detallar el proceso que culminó en Bolivia con el golpe de Estado en 2019. La guerra jurídica, destacó, busca "detener los procesos populares de Latinoamérica, que desechan el modelo neoliberal”.

Pruebas forzadas que intentan destruir la imagen pública de una persona, y la anulación de “la presunción de inocencia a través de los medios, es quizá una de las estrategias más peligrosas, porque instalan eso en el ideario colectivo para dinamitar la confianza popular en su líder. Esto hoy es parte constitutiva del mecanismo” sostuvo Rivero.

Participaron también por videoconferencia el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde y el embajador en Ecuador, Gabriel Fucks quien señaló “la valentía y el coraje de proponer esta ley”. Dejó claro que la manera de frenar el lawfare “es abrir el debate”. Y remitió al alegato del fiscal Luciani, quien ya “desde el tono y la gestualidad proponía una condena. Y hoy intentan transformarlo en un héroe civil”, lamentó.

El rol del periodismo fue abordado por la periodista y escritora María Seoane. Hubo “35 libros escritos contra CFK, 548 denuncias judiciales falsas, cerca de mil horas de televisión inoculando odio en la más intensa y pertinaz persecución mediática de la historia”, acertó Seoane desde la lectura de un detallado y expresivo recorrido histórico. Y dejó el cierre, de tono político, para los referentes sociales Alberto "Coco" Meneses y Víctor Cantero, y los diputados Matías Barroetaveña y Rodolfo Tailhade.

“Avanzar en transformar el poder judicial” es una urgencia, sentenció Tailhade. “Y esto se logra con participación popular. Tenemos que promover leyes para lograr más participación ciudadana en defensa de los intereses nacionales. Porque jueces y fiscales defienden los intereses del sector dominante”, agregó. Y cargó contra la jueza Eugenia Capuchetti quien "a 24 horas del hecho criminal más importante de las últimas décadas deja perder la evidencia”, por el celular del imputado. En esa línea, completó: “Se tardó tres días en identificar a la novia del chico, que pudo borrar sus redes sociales, su celular, ir a la TV. Y no están detenidos los amigos”.

“La derecha permanentemente apeló a las fuerzas armadas para hacerse del poder, para retroceder en lo que el pueblo avanzaba en términos democráticos”, describió Barroetaveña. “Hoy utilizan este esquema que no es nuevo, porque el poder siempre ejerció el peso de la Ley contra el pueblo” señaló. Y exhortó a abrir el debate con este tipo de encuentros: “El derecho a hablar es la herramienta esencial de la democracia, y les vamos a demostrar que no nos van a poder vencer”, concluyó. 

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