Frente a un ajuste social sin freno, la preocupación por la inseguridad empieza a escalar en las encuestas

El gobierno nacional no sorprende. Su política para destruir al Estado se reduce a ajustar, entregar recursos naturales, reprimir la protesta social y exaltar un discurso punitivista, a la medida de una sociedad que no encuentra salida a la crisis económica. Sin embargo, la fórmula parece inestable: la incertidumbre de no poder llegar a fin de mes crece al ritmo que aumenta la preocupación por la inseguridad, con familias que caen de un sistema que se resquebraja ante la motosierra de La Libertad Avanza.

El último trabajo elaborado por la consultora Zuban Córdoba destaca que la mitad de las personas encuestadas “cree que el gobierno de Javier Milei no está haciendo nada para frenar la inseguridad a pesar de que habla de ella todo el tiempo”.

Mientras el discurso oficial en materia de seguridad apela únicamente a la mano dura, más cárceles y la baja en la edad de imputabilidad, nada se menciona de las condiciones sociales que se deterioran y que motivan mayores casos delictivos. Eso ya se empieza a apreciar en las encuestas.

Números de la inseguridad

Para la encuestadora que dirige Gustavo Córdoba, la suerte del presidente comenzó a cambiar en enero, tras su discurso homofóbico y antiderechos en Davos. La imagen del mandatario cayó aún más cuando protagonizó la criptoestafa $LIBRA, generando el actual récord de rechazo de su gestión por encima del 58%. “A la cuestión económica y los escándalos políticos constantes se suma otra problemática que late con cada vez más fuerza: la inseguridad –advierte la consultora–. Un 52% cree que los asaltos aumentaron desde la asunción del nuevo gobierno y en los grandes centros urbanos el porcentaje de gente que se siente insegura supera siempre el 50 por ciento”.

La frialdad de los números indica que los homicidios alcanzaron un pico de 7,6 cada 100 mil habitantes en 2014. Desde entonces y con ciertos vaivenes, en 2024 Argentina logró una tasa de 3,8. Pero en cuanto a los robos y asaltos, ocurrió lo contrario: los datos del Ministerio de Seguridad registraron en 2023 455.271 hechos, sensiblemente menor a los 471.077 de 2024.

“En los últimos años, la tasa de homicidios en Argentina muestra una tendencia a la baja”, analiza el sociólogo y doctor en Ciencias Políticas, Federico Lorenc Valcarce, quien aclara que “en cambio, los robos y, sobre todo los hurtos, aumentaron en el último año y medio. Esta diferencia es importante: el homicidio está más ligado a dinámicas de violencia interpersonal o al autogobierno de los mercados ilegales, mientras que el hurto suele responder a la precariedad económica”.

En diálogo con Tiempo, el especialista argumenta: “cuando se reducen los ingresos, las changas o las oportunidades de subsistencia lícita, aumentan los delitos contra la propiedad. Es un termómetro de la crisis social”. En esa misma línea, el trabajo de Zuban Córdoba, titulado «La Inseguridad Avanza» y realizado a mediados de marzo en base a 1600 encuestas, puntualiza que el 54,2% está de acuerdo con la afirmación de que “la inseguridad aumentó debido al ajuste de Milei”.

La encuesta también discrimina de acuerdo a la zona geográfica. De allí surge que el para el 45% de los porteños, la seguridad está peor desde que asumió Milei, mientras que el 59% se siente inseguro. Del otro lado de la General Paz, el 35,3% de los bonaerenses cree que desde diciembre de 2023 la seguridad empeoró y el 52,9% se autopercibe inseguro.

Por más que los medios de comunicación muestren al territorio bonaerense como el lugar más peligroso del país, lo cierto es que en proporción a la cantidad de habitantes y de robos, la jurisdicción está mejor que el promedio nacional cuya tasa en 2024 fue de mil robos cada 100 mil habitantes. En ese mismo período, la provincia registró una tasa de 706 robos cada 100 mil habitantes; mientras que la Ciudad de Buenos Aires encabezó ese ranking con 2267 robos cada 100 mil habitantes.

¿Un tipo de delito que creció exponencialmente en este año y medio y refleja la crisis? El robo en colectivos. Otro: el «robo piraña». Ya en el primer semestre de 2024 se había registrado un crecimiento del 23% de los robos a autos particulares en el AMBA en comparación con el primer semestre de 2023, según datos de Ituran Argentina. «Lo que creció de manera exponencial en números alarmante es el robo automotor. Se da en momentos de crisis económica donde la compra de repuestos en las casas oficiales se hace difícil y van al mercado negro de autopartes», explicó a Clarín una fiscal con vasta experiencia.

El discurso de «mano dura» sin resultados

Entre los encuestados, la frase “Milei habla sobre la inseguridad, pero no está haciendo nada para frenarla” recogió un 58,6% de adhesión. Sin embargo, casi 6 de cada 10 coinciden en la necesidad de más punitivismo para resolver esta problemática, algo que este gobierno se encarga de explotar al máximo sin mencionar la incidencia del ajuste social del cual él mismo es autor.

“La contraposición entre mano dura y garantismo se instaló como clivaje político en los ’90, pero en la práctica nunca se tradujo en políticas de seguridad concretas”, detalla Lorenc Valcarce. El ejemplo más claro fue el discurso de “meter bala a los delincuentes” de Carlos Ruckauf, quien terminó siendo gobernador de la provincia. A pesar de ello, “no hubo mejoras en la seguridad, más bien al contrario. Es paradójico que hoy escuchemos el mismo canto de sirenas”. El sociólogo ve una novedad en el escenario actual: «desde ciertos espacios políticos, esa discusión se desplaza hacia el Poder Judicial, indicando que las decisiones sobre detenciones y liberaciones las toman jueces y fiscales. Ni leyes duras ni policías implacables aportan soluciones al delito común”.

Para el especialista, “es curioso que el gobierno nacional elija atacar a Axel Kicillof atribuyéndole ideas garantistas (‘zaffaronianas’) cuando sus ministros —primero Sergio Berni y ahora Javier Alonso— tuvieron una política pragmática de control territorial del delito y señalaron reiteradamente a fiscales y jueces por liberar detenidos. Desde su irrupción hace casi 30 años, la ‘mano dura’ tiene más peso simbólico que eficacia real. Puede generar algún rédito electoral de corto plazo, pero no produce los resultados prometidos”.

El «control» de la calle

En paralelo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se jacta de haber “recuperado el control de la calle” tras haber «eliminado» los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires con la aplicación del cuestionado protocolo, que tuvo su punto más álgido el miércoles 12 de marzo cuando los integrantes de las cuatro fuerzas de seguridad que conduce la funcionaria reprimieron a los jubilados y a quienes habían asistido a apoyar su reclamo en las inmediaciones del Congreso. Este último miércoles volvieron a disparar gases y herir manifestantes. Y quienes cortaron la calle fueron los propios policías. 

Sondeos y opinión pública

En los sondeos, la percepción de la seguridad no necesariamente va de la mano de información certera. “Las encuestas muestran que hay siempre una parte de la población que cree que la inseguridad aumentó, incluso en contextos donde los datos muestran una baja”, precisó el sociólogo Federico Lorenc Valcarce.
“Cuando se trata de la opinión pública, me parece más relevante observar la gravedad que las personas atribuyen a la situación delictiva, y si eso se asocia con la preferencia por soluciones más punitivas o más integrales. De todos modos, cuando la población percibe más inseguridad, la atribución de responsabilidad política suele ser ambigua: el gobierno nacional paga un costo político, aunque su capacidad de intervención real es limitada».
“Las campañas políticas, y las operaciones en redes y medios tradicionales, usualmente se montan sobre casos resonantes, tratan de establecer una conexión directa entre una situación que se presenta como grave (“baño de sangre”), una responsabilidad política (“córrase del camino”) y una propuesta ‘innovadora’ como la ‘mano dura’”, graficó Lorenc Valcarce.

Se va el Estado del territorio, crece el narco

Mientras el oficialismo plantea la baja de la edad de imputabilidad y la existencia de la denominada «puerta giratoria», el gobierno quita o reduce programas que contienen a los sectores más vulnerables en los barrios. Tiempo atrás, el cura villero de Moreno Leonardo Silio le dijo a este diario que se trata de “una regla de tres simple: cuando desaparece el Estado, aparecen otras cosas en el barrio y no son justamente buenas. Por eso siempre bregamos por una presencia inteligente del Estado, porque frente a su ausencia empiezan a crecer otras fuerzas. La del narcotráfico impacta mucho en los adolescentes y niños del barrio. Ellos, fácilmente, entran en el comercio de la droga para tener ese dinero que no pueden alcanzar de otra forma. Nos encontramos con que muchísimos chicos han abandonado la escuela porque se encuentran inmersos en este flagelo tan dramático”.
El sacerdote advirtió que “hay muchas realidades en diferentes barrios con dinámicas muy distintas. Sabemos de muchos espacios donde la persona que tiene el dinero es la persona que maneja el barrio. Cuando desaparece el Estado, también aparece el pudiente (en el caso del barrio es el narco), para sostener una olla popular, una escuela, un jardín, un montón de cosas. Esa persona que está ganando dinero ilícitamente y haciendo mal a tantas familias, termina siendo el héroe del barrio”.

Nota Tiempo Argentino -Por: Federico Trofelli