El exintendente de Cambiemos, Carlos Arroyo demandó a Mar del Plata por vacaciones adeudadas

Luego de un año de iniciado un trámite administrativo para el cobro de las vacaciones adeudadas durante sus dos últimos años como intendente y no obtener respuesta, Carlos Arroyo demandó a la Municipalidad de General Pueyrredon en una acción de amparo por mora con la que busca se resuelva el expediente al cual el gobierno de Montenegro cajoneó por considerar ilegitimo el reclamo. Así lo consignó La Tecla Mar del Plata (www.lateclamardelplata.com.ar).

También con el patrocinio del Estudio Jurídico Gil de Muro-Vicente, en octubre quien había tomado la iniciativa fue el expresidente del Emsur, Eduardo Leitao, quien se presentó en soledad y cuya causa llevada adelante por el juez Marcelo Fernández del Juzgado Contencioso Administrativo N°2 avanzó favorablemente. Ya dictó autos para sentencia y todo indica que obligará a la Municipalidad a concluir el trámite administrativo en el que se reconoce una deuda de $840 mil.

Envalentonados por ese avance, ahora el resto de los funcionarios con trámites administrativos abiertos también se presentaron ante la justicia provincial, aunque en este caso la causa recayó en el Juzgado N°1, de Simón Isaach. Ayer, el magistrado notificó a la Municipalidad para que de explicaciones sobre la demora en la resolución del trámite, a la par que requirió se elevé los expedientes en cuestión.

La demanda colectiva incluye además a la exsubsecretaria de Educación y pareja de Arroyo, Susana Rivero; el exsecretario de Gobierno, Alejandro Vicente; el exsubsecretario Legal y Técnico, Gustavo Gil de Muro; y la exsecretaria de Desarrollo Social, Patricia Leniz. Finalmente, otros tres nombres de menor exposición completan la nómina: el exdirector General de Prensa, Marcelo Marcel; el exdirector Coordinador de la Secretaría de Desarrollo Social, Cristian Tait; y el exintegrante Departamento de Abastecimiento de Recursos, Jorge Emir Ali.

El conflicto se originó en diciembre del año pasado, cuando Arroyo y el resto de los funcionarios iniciaron un pedido para cobrar las vacaciones adeudadas de 2018 y 2019, que en el caso de Arroyo superaría el millón de pesos. Inicialmente el trámite avanzó pero luego se trabó cuando el intendente Montenegro debía firmar el decreto que habilite el pago. Si bien se reconoce la legalidad del reclamo, el foco está puesto en la legitimidad del mismo conocido el saldo político que dejó el gobierno de Arroyo para la ciudad: la llegada de la pandemia no hizo más que fortalecer esa negativa, ante unas finanzas municipalidad ahogadas por la caída de la recaudación.

Ahora, la pretensión de Arroyo es que el magistrado ordene a la Comuna dictar el acto administrativo definitivo respecto de la liquidación y pago de licencias anuales no gozadas y devengadas. En caso de obtener una respuesta negativa, recién allí se podría habilitar la vía judicial para impugnar el acto y lograr un fallo en su favor.