Con despidos masivos el gobierno avanza en el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos

Una larga fila. Un trabajador o una trabajadora pasa, dice su nombre y un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) revisa un listado que tiene en su celular. Solo después de eso le franquea el ingreso o se lo prohíbe. Hay llantos y desazón, pero también abrazos y solidaridad. Esa fue la escena que marcó la mañana en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), que tiene su sede en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Además del cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, la motosierra libertaria tocó todos los rincones de la SDH. Los sitios de memoria fueron de las áreas más afectadas e incluso denuncian que uno de ellos quedó directamente vacío.

En paralelo con los controles que debían padecer los trabajadores para ingresar a sus puestos de trabajo y con las camionetas de la PFA que se apostaron en las calles laterales de la exESMA, llegaba a los tribunales de Comodoro Py una denuncia por tareas de inteligencia ilegal en el espacio de memoria ubicado en Avenida del Libertador al 8151. La presentación fue hecha por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que presiden Dora Barrancos y el Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel.

La CPM advirtió que el viernes pasado, cuando se hizo un “abrazo” al sitio de memoria en defensa de las políticas de derechos humanos, hubo policías de civil entre los militantes. No solo se mezclaron entre los manifestantes sino que los filmaron. El material aportado por el organismo ya está en poder del juez federal Ariel Lijo, señalaron fuentes judiciales a Página/12. Lijo es el magistrado que tiene a su cargo la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante los años del terrorismo de Estado y que, en noviembre pasado, le advirtió a Baños que no podía permitir actos negacionistas en el predio.

Lo que pasó este jueves en la ESMA fue la crónica de un desmantelamiento anunciado. El 31 de diciembre, a las 14, la secretaria privada de Baños envió dos mensajes por WhatsApp. En uno comunicaba el cierre del Conti para llevar a cabo una “reestructuración”. En otro decía que quienes estaban contratados bajo el ente cooperador ACARA y que no habían aceptado el retiro voluntario no deberían presentarse a sus puestos de trabajo porque no podrían ingresar.

El Conti, después de 16 años de actividad, amaneció cerrado. Hubo preocupación porque el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) –que, entre otros fondos, custodia la documentación producida por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)--, también. Sin embargo, después de un rato, el ANM abrió sus puertas.

La tensión se trasladó hacia la sede de la Secretaría de Derechos Humanos. Para entonces ya circulaba un listado con más de 1000 “bajas” de todo el Ministerio de Justicia. Cerca de las 10.25, los trabajadores lograron traspasar la puerta y llegar al hall central.

“Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”, cantaban mientras se acomodaban para llevar adelante la asamblea unificada. “El Conti no se cierra”, empezaron a corear minutos después.

–Baños cobarde– se escuchó. Para esa hora, el secretario de Derechos Humanos estaba llegando a su oficina en la ex-ESMA. Según contaron, ingresó por un acceso lateral y evitó todo contacto con los trabajadores. La última vez que aceptó recibirlos fue el viernes 27 de diciembre. Después de ese día, mantuvo unas comunicaciones por WhatsApp en las que hizo saber su molestia porque la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había pedido una cautelar para frenar los despidos.

“No han aportado ni una sola línea de trabajo. Alberto Baños lo único que hizo en esta Secretaría fue destruirla”, dijo Nana González, la delegada que abrió la asamblea unificada.

Baños llegó hace casi un año a la exESMA. Lo llevó su amigo Mariano Cúneo Libarona. Venía con un antecedente poco promisorio en materia de derechos humanos: la no investigación de la desaparición del policía porteño Arshak Karhanyan. En estos casi doce meses, Baños no logró completar el organigrama de la Secretaría. Un subsecretario renunció en medio de una situación escandalosa. Según remarcan los trabajadores, el secretario no conoce el Conti, el ANM ni la mayoría de los espacios de memoria que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, estuvo en la asamblea. “Estamos discutiendo la identidad de nuestro pueblo, no solo puestos de trabajo. Por eso, compañeros y compañeras, de acá salimos con una victoria”, agitó antes de convocar a la Plaza de Mayo para marchar con las Madres.

Dentro de la Secretaría de Derechos Humanos el panorama que se iba trazando era de destrucción. En las exposiciones se habló de cómo los sitios de memoria fueron perdiendo su personal: algunos se quedaron con la mitad de los trabajadores que tenían a principios de 2024; otros terminaron vaciados. Se dijo que Virrey Cevallos –el espacio de memoria que funciona en lo que fue el centro clandestino de la Fuerza Aérea– ya no tendrá quien pueda abrir sus puertas.

Hay áreas que fueron especialmente golpeadas: el centro cultural Conti –que sufrió todas las olas de despidos y ahora actualmente espera que Baños decida sobre su programación y reapertura–, el Archivo Nacional de la Memoria y, en particular, el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) –que perdió a su coordinadora y a trabajadores altamanente calificados.

Entre la denuncia y la solidaridad

Victoria Montenegro, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad, fue una de las dirigentes políticas que estuvo acompañando. La legisladora presentará en las próximas horas una denuncia penal contra Baños por el vaciamiento de la Secretaría. “Hay que acompañar a los trabajadores, seguir apostando a la unidad y construir herramientas para denunciar no solo en el país sino en los organismos internacionales la política de este gobierno”, afirma.

El diputado nacionale del Frente de Izquierda y sus Trabajadores (FIT) Nicolás del Caño y la exdiputada Romina del Plá también se acercaron para expresar su solidaridad con los despedidos. “Hay que defender a los trabajadores y las trabajadoras, como siempre hacemos. Éste es un ataque contra la lucha histórica de las Abuelas, las Madres, los organismos de derechos humanos y el pueblo”, dice del Caño, que propone tomar medidas contundentes para “derrotar esta política negacionista”.

Eduardo Tavani, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), fue a llevar el apoyo de la mesa de organismos de derechos humanos. Con él estaban, entre otros, Gabriela Alegre, Elsa Oshiro y otros referentes del movimiento. Emiliano Hueravilo –que nació en la ESMA– fue uno de los primeros en llegar. Lo mismo que Margarita Cruz, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), y la periodista Ana Bianco, hija de María Eugenia Ponce de Bianco –una de las tres Madres marcadas por Alfredo Astiz en diciembre de 1977.

“La APDH junto a la mesa de organismos ha expresado su repudio a estas decisiones que no hacen más que dar cuenta del grado de perversidad de un gobierno que niega los crímenes del terrorismo de Estado y reivindica a sus responsables”, dice Tavani. “Nos solidarizamos y acompañamos las demandas de quienes hoy sufren el avasallamiento de sus derechos y proponemos denunciar ante los tribunales y los organismos internacionales estas violaciones, que contrarían normas supremas”, añade.

Además de las denuncias que se materializarán en los próximos días, los trabajadores están decididos a visibilizar el conflicto. Este viernes, recibirán al cura Lorenzo "Toto" de Vedia, quien oficiará una misa en apoyo a la lucha. El sábado a las 18 habrá una ceremonia con velas fuera del Conti para demostrar que la memoria sigue ardiendo a pesar del cierre decidido por el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.

Nota Página 12-Por Luciana Bertoia