Denunciaron a los tuiteros preferidos de Milei por pedir sacar los tanques a la calle

Los tanques, a las calles. Hay que dinamitar el Congreso. Milicias populares armadas para facilitar el cierre del Congreso. Éste era el tenor de los mensajes que publicaban en redes sociales en la tarde del jueves mientras el Senado trataba una serie de proyectos que enfurecieron al Presidente Javier Milei –aumentos para los jubilados, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y fondos para las provincias. Quienes emitían esos posteos no eran tuiteros enojados, sino personajes directamente ligados con la administración de La Libertad Avanza (LLA). Eran quienes muchas veces fungen de voceros paraoficiales o que son validados desde su cuenta por el primer mandatario. Las amenazas en forma de tuits fueron denunciadas en plena sesión por la senadora de Unión por la Patria (UxP) Juliana di Tullio. El tema ya se judicializó. En Mendoza, dos abogados presentaron una denuncia penal contra los tuiteros y reclamaron que el Poder Judicial investigue si reciben fondos de la Casa Rosada.

El Gobierno quería instalar que había un golpe de Estado en ciernes. Oficialmente lo hizo a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. A las 14.06 del jueves, Bullrich comenzó a tuitear y denunciar un supuesto “golpe institucional”. No es la primera vez que el Gobierno incurre en estos excesos: ya lo había hecho el 12 de junio del año pasado para justificar las detenciones de decenas de manifestantes que protestaban contra la Ley Bases.

Pero, con el correr de los minutos, empezó a instalarse la idea de que la victimización no alcanzaba. Había que pasar a la acción y tomar los fierros (digitales). A las 15.45, el usuario conocido como Gordo Dan empezó se pintó la cara para la guerra. “Los tanques a la calle ya. Es ahora”, escribió. “Javo, poné un F16 a sobrevolar Congreso ya”, añadió. “Los strikers por 9 de Julio Javeto. El momento ha llegado”, continuó.

En la misma línea, empezaron a tuitear otros integrantes del ecosistema de la ultraderecha. El usuario identificado como El Trumpista escribió: “El Javo debería organizar milicias populares, entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso”.

Fran Fijap no se quedó atrás. “Hay que dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro”, escribió. Él conoce bien el Palacio Legislativo porque se lo vio como ladero de Santiago Caputo cuando el asesor presidencial fue a increpar al diputado Facundo Manes el 1 de marzo pasado.

En la misma línea bombardera, se pronunció el usuario conocido como El Gordo edición. “Sí Javeto”, escribió y posteó un video editado en el que se lo veía a Milei a bordo del tanque que usó en el desfile del 9 de julio del año pasado disparando contra el recinto del Congreso.

La primera en señalar lo que estaba ocurriendo en redes fue la senadora di Tullio. “Este Gobierno tiene un ejército en las redes sociales pagado con la nuestra, con la de los jubilados, la de los discapacitados y la de los gobernadores”, dijo en el recinto y anticipó que se vendrían denuncias. Di Tullio le dijo a este diario que el lunes ella hará lo propio.

Este viernes, ya se radicó una denuncia en los tribunales federales de Mendoza a través de dos abogados de la jurisdicción. La presentación está en la fiscalía federal de Alejandra Obregón. Allí los apuntados son Daniel Parisini –alias Gordo Dan– y Franco Iván Jeremías Antunes Puchol –Fran Fijap. Se los acusa por intimidación pública, instigación a cometer delitos y apología del crimen.

“El contexto en el que se emitieron hace suponer la instigación a cometer un grave delito contra las instituciones y la integridad de los legisladores nacionales, así como los trabajadores de ese cuerpo”, dice el escrito al que accedió Página/12 en el que también se habla de un “claro y peligroso llamado a la violencia institucional”.

Lo sustancial de la denuncia es que apunta al vínculo de los tuiteros con la Casa Rosada. “No es posible dudar que estas manifestaciones emitidas por personas que se relacionan de manera directa con el Poder Ejecutivo Nacional representan una concreta peligrosidad innegable”, señalaron. En ese sentido, solicitaron que le pregunten a la Jefatura de Gabinete si Parisini y Antunes Puchol reciben o recibieron pagos por parte del Gobierno.

El brazo armado del Gobierno

“Si fueran solo tuiteros privados, sería otra cosa, pero son dirigentes políticos del partido de gobierno. Eso lo hace más grave, ya se definieron como ‘grupo de choque’ de LLA”, le dijo a este diario un fiscal que suele analizar casos vinculados a libertad de expresión.

En noviembre del año pasado, el Gordo Dan y su banda organizaron un acto en la Sociedad Italiana de San Miguel. Allí se definieron como el “brazo armado” del Gobierno. Como el tema escaló, ellos buscaron desescalarlo. La tarea quedó en manos de Agustín Romo, que dijo que, en realidad, su brazo únicamente empuña un celular, “el arma más poderosa de la humanidad”.

Algo parecido sucedió este viernes por el repudio que generó la apelación a los tanques del Gordo Dan. Desde su cuenta de X, Parisini volvió a escribir “Saquen los tanques a la calle ya” junto con una imagen de tanques de agua. El tema, muy a su pesar, no se diluyó.

Durante la tarde del viernes, la señal C5N difundió un video en el que se veía a Parisini a bordo de un tanque. El video, según explicaron fuentes a Página/12, habría sido registrado el año pasado en un evento que la empresa Bersa organizó en la guarnición militar de Campo de Mayo y en el que se la vio a Victoria Villarruel armada hasta los dientes y practicando tiro.

La doble vara de la justicia

“Están incurriendo en varios tipos penales”, explica el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. “Atentan contra el artículo 36 de la Constitución porque es una instigación o promoción de atentar contra el orden democrático”, añade en diálogo con este diario.

Hubo usuarios en redes sociales que llegaron a ironizar que, si se aplicara la resolución 428/2024 que faculta a las fuerzas de seguridad a hacer ciberpatrullaje, Bullrich debería denunciar a los tuiteros favoritos del Presidente. En realidad, el ciberpatrullaje goza de buena salud. Hace dos semanas, sin ir más lejos, la ministra detuvo a un mozo por tuitear contra el Presidente. Como carecía de elementos para sostener la detención, el juez Ariel Lijo lo mandó a su casa.

“Lo más notorio es la desigualdad”, apunta Myriam Bregman, presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). “Es gente que sabe que maneja el poder del Estado y que puede decir absolutamente lo que quiera de manera impune. En Jujuy, por ejemplo, hubo personas detenidas por un tuit que molestó al entonces gobernador Gerardo Morales. Patricia Bullrich ha metido presas personas por tuitear. Sin embargo, cada vez que hay expresiones de este grado de José Luis Espert, el Gordo Dan o personas allegadas a Milei, saben que no habrá consecuencias legales. Es la impunidad del poder en forma descarnada. Están protegidos por la justicia”, destaca la dirigente del PTS/FIT-U.

“Si las expresiones que promovían el uso de la violencia estatal contra el Congreso Nacional, efectuadas por seguidores de Milei y de su Gobierno y profusamente difundidas por redes sociales y medios de comunicación, no son delito, ¿qué son?”, se pregunta el abogado Eduardo Tavani, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

“Mientras arrojar bosta en una vereda a modo de repudio por los dichos soeces de un funcionario público habilitaron la intervención de una jueza federal y la puesta en marcha de todo el sistema represivo nacional, ¿la incitación a la violencia o la intimidación pública por decir lo menos, qué es? Los simples mortales nos preguntamos qué piensan hacer al respecto aquellos a quienes les corresponde la promoción de la acción penal en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. ¿Dónde están? ¿O será que efectivamente hay una doble vara instalada en el Poder Judicial que padecemos?”, insiste Tavani.

Nota Página 12-Por Luciana Bertoia