Néstor García, papá de Micaela, víctima de femicidio: “Todo esto nos parece una locura”

Néstor Yuyo García es el padre de Micaela, la joven de 21 años asesinada y violada en 2017 en Gualeguay, cuyo femicidió provocó masivas manifestaciones en todo el país que empujaron la ley que lleva su nombre. La ley establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y en los tres poderes del Estado. El crimen se produjo durante una de las salidas transitorias del asesino, Sebastián Wagner, quien cumplía una condena a nueve años por dos violaciones. El pasado 23 de enero, luego del polémico discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, el Gobierno anuncio que enviará al Congreso un proyecto para derogar la ley Micaela y las penas por femicidio.

“Nos parece una locura”, le dice Néstor García a elDiarioAR sobre la intencion del oficialismo anunciada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

 “La eliminación de la figura de ‘femicidio’ va a tener que ser tratada por ambas cámaras en el Congreso de la Nación, porque es un concepto que fue incorporado por Ley”, sigue García.

Con discursos homofóbicos y recortes en áreas claves de género y diversidad, el gobierno de Javier Milei mostró especial interés por atacar a mujeres y el colectivo LGBT. Por caso, en un informe difundido por el propio Federico Sturzenegger, , el pasado 24 de diciembre, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado celebró las “más de 200 áreas del Estado” que se cerraron. El informe contiene 127 áreas dadas de baja, de las cuales casi el 25% corresponde a sectores que se desempeñaban en temáticas de género y diversidad. Algunas de ellas fueron las direcciones de Políticas de Género, de Género y Diversidad, el Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género y la Dirección Nacional de Prevención de las Violencias por Razones de Género.

“Intentaron modificar lo que tenía que ver con la Ley Micaela cuando se trató la Ley Bases, pero lo sacaron, y ahora con este discurso del presidente en Davos, pareciera retomarse la idea”, señaló García, y agregó que desde la Fundación que lleva el nombre de su hija, van a trabajar con los legisladores “frente a todo esto que sinceramente nos parece una locura”. 

En este sentido, García señaló que muchos de los legisladores que integran las Cámaras, son los mismos que votaron la Ley Micaela, la incorporación de la figura de femicidio, o el cupo laboral trans, entre otras leyes en defensa de las mujeres y las disidencias. 

Desde la Fundación Micaela han participado en todas las jurisdicciones para garantizar los procesos de implementación de la Ley. “En casi todas las provincias, los cursos son dictados por trabajadores del estado, sin cobrar un adicional o extra” explica para reforzar que el hecho de querer retrotraer o negar la violencia de género es un tema ideológico.

El asesinato de Mica en 2017, fue una vez más el disparador de una manifestación pública que movilizó a todo el país en contra de la cultura patriarcal que sostiene que un hombre pueda decidir sobre la vida de una mujer. En “Crímenes Menores. Género y Poder Judicial, la trama de una disputa”, escribí sobre la trama de la violencia de género a partir del caso del feminicidio de Micaela García y cómo se construye y se replica desde el Estado ese mecanismo que refuerza la violencia. De allí la necesidad de impulsar una ley que capacite a los tres poderes del Estado en materia de género, para evitar que se repitan situaciones en las que se vuelve a victimizar a las víctimas y a sus familias, y no se pone en contexto el trasfondo político y social que habilita esas formas de violencias. 

El término ‘crímenes menores’ acuñado por la antropóloga Rita Segato, explica cómo esos delitos perpetrados hacia las mujeres son considerados como un suceso menor, algo que no tiene importancia. Y esto se pudo comprobar en las primeras instancias del juicio por la muerte de Micaela, donde el proceso judicial llevado a cabo en Entre Ríos careció de perspectiva de género.

La familia García, como tantas otras personas del entorno de las víctimas de la violencia extrema hacia las mujeres, que han tenido que hacer frente a los mecanismos de resistencia sobre todo de la justicia a la hora de juzgar con enfoque de derechos estos crímenes de odio, trabaja por hacer visible un problema estructural que en la última década, en nuestro país arroja un registro de unos 2500 feminicidios.

En los 31 días de este enero de 2025, el Observatorio Lucia Pérez, lleva registrados 29 femicidios, uno cada 25 horas. En el 2024 las víctimas fueron 291, de los cuales en el 36 por ciento de los casos se trató de asesinatos cometidos por la pareja, el 16 por ciento por parte de un familiar y el 13 por ciento por parte de la ex pareja. Esa realidad es la que no se puede negar.

Nota elDiarioAR