Murió Thiago Correa, el chico de 7 años baleado en la cabeza por un policía federal que se resistió a un robo

Thiago Correa, el niño de siete años baleado en Ciudad Evita por un agente de civil de la Policía Federal Argentina (PFA), falleció este viernes en el Hospital de Niños de San Justo. Antes, en una reedición recargada de la Doctrina Chocobar, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a defender al oficial, Facundo Aguilar Fajardo, que disparó once tiros por la espalda a un grupo de cuatro jóvenes, mató a uno de ellos --Brandon Corpus, de 18 años-- y baleó en la cabeza a Thiago, que justo pasaba por allí con su padre.

La ministra no sólo aseguró que Fajardo actuó en legítima defensa ante el intento de asalto de los jóvenes, sino que fue más allá y anunció que pedirá que la Justicia le achaque a ellos el homicidio del niño aunque la bala haya salido de la pistola del policía. Inicialmente, el Ministerio de Seguridad llegó a difundir que el chico fue alcanzado por "una bala perdida". Además de cuestionar el planteo de la ministra, organismos de derechos humanos volvieron a reclamar la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio.

Pese a que se conoció públicamente este jueves por la noche, el caso ocurrió el miércoles pasadas las 23 y su difusión fue escalando durante el viernes hasta la confirmación del fallecimiento del niño en boca de su propio padre, y a medida que se conocían las circunstancias y pruebas recolectadas: según se confirmó hasta el momento, los únicos disparos en la escena --once balazos-- partieron del arma del policía, mientras que, según pudo saber este diario, la pistola secuestrada a los cuatro jóvenes no estaba apta para disparar. A tal punto es así que la propia causa por el intento de robo habla de un "arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede darse por acreditado". Fajardo, en cambio, está acusado por ahora por "exceso en la legítima defensa". 

Quizás por eso, para intentar marcarle la cancha al fiscal Diego Rulli, que investiga los hechos, el Ministerio de Seguridad anunció pasado el mediodía que realizaría anuncios sobre el caso en conferencia de prensa, luego de argumentar en una primera instancia que el disparo contra Thiago había sido una "bala perdida". La conferencia la encabezó la propia ministra, que comenzó asegurando que “los culpables son los ladrones”. “Los únicos responsables de esta tragedia son los delincuentes que desataron el tiroteo”, agregó Bullrich, que aprovechó para cargar tintas políticas contra la gobernación provincial, sosteniendo que es "quien debe brindar seguridad y se tiene que hacer cargo”. El hecho ocurrió en La Matanza.

Fajardo, el protagonista de la cuestión, estaba sin embargo bajo su órbita, recientemente incorporado, a sus 21 años, como oficial ayudante a la Dirección Montada de la PFA. Fuera de horario de servicio, el joven esperaba un colectivo junto a su madre en la esquina de Crovara y Madrid, Ciudad Evita, cuando fue abordado por el grupo que intentó robarle. El agente los persiguió, disparó contra ellos, mató a Corpus e hirió a Uriel Montenovo y Emanuel Leiva, mientras que una de las balas ingresó por la nuca de Thiago, que se encontraba con su padre a casi dos cuadras. 

En un video de las cámaras de seguridad de la zona, al que accedió este diario, se puede ver la secuencia en la que el grupo aborda al policía de civil y las circunstancias posteriores. El audio, en tanto, es tan importante como lo que se ve: las detonaciones de arma de fuego recién se escuchan cuando los cuatro jóvenes salen corriendo, y Fajardo continúa disparando con ellos de espaldas. En otro video se ve que, al huir, uno de los jóvenes descarta una pistola, aquella "cuya aptitud para el disparo no puede darse por acreditado". 

Por todo esto es que el fiscal catalogó al caso como un posible "exceso en la legítima defensa" en relación al crimen de Corpus, ya que los jóvenes estaban huyendo mientras el oficial disparaba, y ahora deberá definirse como carátula el caso del niño tras la confirmación de su fallecimiento. En la investigación se considera que la secuencia pudo haber partido de una legítima defensa luego de que el grupo exhibiera el arma al policía, pero que el restante accionar de Fajardo no se justifica. 

El Ministerio pedirá, sin embargo, todo lo contrario: que el accionar del oficial se considere por completo como legítima defensa a secas, y que los jóvenes sean los acusados por el homicidio del niño: “Este hecho no se trata de una casualidad, hubo una causalidad. La causa por la que Thiago está en esa situación es porque estos cuatro delincuentes salieron a robarle la vida. La acción de los ladrones es de agresión”, dijo Bullrich en la conferencia. Es decir que el Ministerio ya no sólo busca institucionalizar los disparos por la espalda bajo la laxa figura de la legitima defensa, sino que ahora directamente quiere que se acuse a personas de un delito sin nexo causal: un homicidio sin haberle disparado a la víctima. 

Al planteo de Seguridad se le sumó más tarde el Ministerio de Justicia, que en un posteo de X sostuvo que "un policía no puede ser acusado de homicidio por defenderse, mientras los que salieron a robar armados y estuvieron dispuestos a matar solo enfrentan cargos menores". El Ministerio volvió a anunciar el envío al Congreso de un nuevo Código Penal con ampliaciones del alcance de la figura de la legítima defensa para casos como este, reconociendo así que el cambio de carátula que le piden al fiscal no tiene correlato alguno con la legislación vigente. 

Más allá de ese planteo, el caso volvió a poner bajo la lupa el uso de las armas reglamentarias de los integrantes de las fuerzas de seguridad fuera de servicio. Diversas organizaciones vienen advirtiendo que el fenómeno creció particularmente este año. Desde el CELS indicaron a Página 12 que entre febrero y marzo de 2025 "el 83 por ciento de las muertes de particulares en casos de este tipo ocurrieron en hechos de violencia con funcionarios/as que se encontraban fuera de servicio, en la Ciudad y en el conurbano". 

"La portación del arma fuera del horario de servicio confluye con la creencia de que deben intervenir en cualquier circunstancia. Con frecuencia portan el arma con el cartucho en la recámara y el martillo bajo, como lo permiten las regulaciones de muchas policías, y en situaciones conflictivas o delictivas pueden abrir fuego con solo apretar la cola del disparador", advierte el CELS, que agrega que la portación "promueve además el desplazamiento de la violencia hacia los lugares de residencia de quienes forman parte de las fuerzas". La organización agregó que "estas intervenciones policiales son improvisadas y desproporcionadas, pero los gobiernos se desentienden de este problema o buscan apañar a los policías, como hizo la ministra Bullrich en el caso de Thiago". 

Roberto Cipriano García, de la Comisión Pronvincial por la Memoria (CPM), sostuvo por su parte a este diario que "la responsabilidad es del agente que dispara de manera irrazonable e irresponsable y, al menos con los elementos parciales recolectados por la justicia hasta el momento, a personas que están huyendo". "También hay responsabilidad de la ministra que avala y festeja este accionar policial, valora más un celular o la plata que intentaron robarse, pero no concretaron, que la vida de un niño y tres personas", agregó. 

También desde Correpi se manifestaron en el mismo sentido y advirtieron que "la mayoría de los casos de gatillo fácil se dan en estas circunstancias". Remarcaron, además, que el policía estaba "fuera de su horario de servicio, fuera de su jurisdicción y de civil, sólo la ministra puede decir que no es responsable de lo que allí sucedió". Desde la organización volvieron a reclamar, así, la "prohibición del uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio y de civil".  

Nota Página 12-Por Santiago Brunetto