La edad de imputabilidad y el otro relato

La histórica pendularidad política de América Latina vive en los últimos años su fase de giro a la derecha, que encontró su versión local en el triunfo electoral de Mauricio Macri en 2015 y ha alcanzado su máxima expresión con el arribo de Bolsonaro a la primera magistratura de Brasil.

Este contexto continental emerge en la Argentina de Macri con sus políticas neoliberales en términos económicos y en un resurgimiento de la llamada mano dura en materia de seguridad como dos caras de una misma moneda.

En las últimas semanas el gobierno nacional ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión el sistema de responsabilidad penal juvenil y su arista más polémica: la baja de edad de imputabilidad. El tema no es nuevo para la administración Cambiemos. En efecto, ya en marzo de 2017, al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Macri había insinuado la necesidad de sancionar un sistema de responsabilidad penal juvenil y fue entonces el ministro de Justicia Germán Garavano el encargado de detallar que el proyecto oficial buscaría reducir la edad de imputabilidad a partir de los 14 años para delitos graves. Sin embargo, luego los gurúes de la campaña electoral del oficialismo gobernante decidieron que el año electoral no era el momento propicio para dar la discusión y el proyecto paso a dormir el sueño de los justos.

Claro que en aquel momento el gobierno del Pro contaba con algunos números favorables en la economía para mostrar y la todavía paciencia tibetana de una ciudadanía que aun abrigaba la esperanza de que tiempos mejores llegarían y la luz se vería al final del túnel. Nada de eso ocurrió y llegado el 2019, con el calendario electoral por delante, el gobierno de Cambiemos solo tiene para mostrar un rosario de promesas incumplidas y una monumental crisis económica y social que desnuda el estrepitoso fracaso de las políticas del oficialismo.

En este contexto, los arquitectos de campaña de Cambiemos intentan recuperar la iniciativa instalando en la discusión política el relato de la “guerra contra la delincuencia” siempre bienvenido por los devotos de la mano dura que abrevan en el cada vez más raquítico “núcleo duro” del electorado del Pro, y buscando el impacto mediático y demagógico en una ciudadanía movilizada por la inseguridad. Y es la inflamada Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la ahora encargada de constituirlo como eje de la discusión de la campaña electoral del 2019.

En lo que hace al proyecto en concreto, sin abundar en cuestiones técnicas, se puede decir que establece como punto principal la baja de edad de imputabilidad proponiendo un sistema de franjas etáreas de dudosa constitucionalidad y por lo menos discutible desde la perspectiva de la Teoría del delito.

Por otra parte, cabe destacar que la estadística elaborada por las Naciones Unidas en base a homicidios indica que de 1.900 asesinatos anuales solo el 10 % sería cometido por adolescentes y de esos apenas el 1 % cometido por jóvenes entre 14 y 15 años.

Sin embargo, el proyecto cobra otro cariz si se lo entiende en línea con lo que viene siendo el norte que ha fijado el gobierno en materia de seguridad y en encuadre general que tiene como expresión más definitoria la resolución 956/2018 que dispuso los casos en los que las fuerzas de seguridad pueden hacer uso de sus armas de fuego, y que dio origen a la que fue dada en llamar “Doctrina Chocobar”, así como la aplicación y uso de pistolas eléctricas Teser entre otras medidas en ese sentido.

Lo cierto es que el programa económico de ajuste permanente y el proceso inflacionario incontrolable que impacta con mayor crudeza sobre los sectores más vulnerables tiene como necesaria contrapartida la búsqueda de chivos expiatorios.

En definitiva recurrir a la ley penal y al sistema penal es un atajo que no se traduce en una disminución de los delitos que quieren evitarse, tornándose tal como está planteado en una búsqueda demagógica y desesperada del oficialismo por marcar la agenda de la discusión política e instalar el debate por la baja de la edad de imputabilidad como uno de los ejes de la discusión política del año electoral.

José Luis Itoiz es abogado, concejal mandato cumplido y Consejero Titular del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Junín.