El Gobierno busca paralizar el funcionamiento de la ex ESMA

El Gobierno de Javier Milei está decidido a acelerar su avanzada contra las políticas de memoria, verdad y justicia. Dos días después de la movilización masiva a Plaza de Mayo por los 49 años del inicio de la dictadura, el Ministerio de Justicia informó que haría una auditoría en el espacio de memoria y derechos humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). No se trata únicamente de controlar papeles, un funcionario que responde a Mariano Cúneo Libarona anunció que congelarán por 60 días las transferencias, lo que impediría pagar los sueldos y pondría al lugar en un serio riesgo de parálisis. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió un cese de tareas durante el fin de semana y convocó una asamblea para hoy para determinar los pasos a seguir.

En las últimas cuatro décadas, la ESMA se convirtió en un escenario privilegiado para las disputas por la memoria. La administración de La Libertad Avanza (LLA) lo sabe y quiere librar su batalla. Desde que en 2004 Néstor Kirchner decidió sacar a la Marina del lugar, el antiguo centro clandestino de detención se convirtió en un espacio de memoria.

En el predio de Avenida del Libertador al 8151, hay edificios oficiales y otros que son manejados por los organismos de derechos humanos. La Secretaría de Derechos Humanos (SDH) tiene su sede principal allí. Funciona el museo del sitio de memoria en lo que fue el casino de oficiales, donde se estima que 5000 personas estuvieron secuestradas durante los años del terrorismo de Estado. En 2023, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad.

El predio es administrado por un ente tripartito, que está integrado por la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y los organismos de derechos humanos. El ente se ocupa de garantizar todas las actividades comunes, que van desde la promoción, las visitas guiadas, la seguridad y el mantenimiento del lugar.

Pasadas las 19.45 del miércoles, el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia, Juan Cruz Montero, firmó una nota en la que anunciaba que se haría una auditoría a partir del 1 de abril próximo y que, por tal motivo, suspendería por 60 días las transferencias al ente.

Las implicancias de esta decisión son claras: no habrá dinero, si no se revierte la decisión, para pagar los sueldos. Desde el ente les avisaron de esta novedad a los trabajadores y les dijeron que en las cuentas solo había 267.603,15 pesos. ATE Nacional decidió un cese de tareas para sábado y domingo –lo que obligó a levantar las actividades que habían planificado los organismos.Y este lunes habrá una asamblea de trabajadores en el edificio Cuatro Columnas. 

Desde el directorio de organismos declinaron hacer declaraciones por el momento. Existe una marcada preocupación por la situación de los empleados del ente y el mantenimiento del espacio.

No es la primera vez que Cúneo Libarona recurre a la figura de la auditoría en temas vinculados a la memoria. El año pasado, anunció que no iba a pagar las reparaciones de las víctimas del terrorismo de Estado porque estaba haciendo una auditoría. Mediáticamente instaló que había detectado a una banda que intentaba estafar al Estado nacional. En realidad, la banda había sido identificada por las propìas víctimas y la gestión de Horacio Pietragalla Corti había impulsado una querella en la justicia penal. Con el tiempo la auditoría –celebrada por Victoria Villarruel porque reinstalaba la idea del “curro de los derechos humanos”-- pasó sin pena ni gloria. En una comunicación a la Organización de Naciones Unidas (ONU), Cúneo Libarona dijo que estaba pagando las indemnizaciones y que la auditoría no había tenido carácter excepcional.

Si efectivamente el Gobierno no transfiere los fondos para abonar los salarios, todo indica que el tema se va a judicializar. En enero, el juez federal Ariel Lijo –que está a cargo de la megacausa ESMA– le había dicho al secretario de Derechos Humanos Alberto Baños que debía asegurar el funcionamiento de los sitios. El magistrado –que es el candidato del Gobierno para la Corte– llegó a detallarle las tareas que debería llevar adelante: desde garantizar que los lugares puedan abrirse hasta limpiar canaletas.

La situación entre los organismos y Baños se tensó especialmente en las últimas semanas. En febrero, Baños decidió suspender un recital del artista Milo J. Para ello, recurrió a la justicia federal en lo contencioso administrativo que dictó una cautelar a pedido del Gobierno. Repitió la estrategia para frenar la presentación de un libro en el Faro de Mar del Plata. A partir de estos hechos, la Secretaría avisó que los sitios de memoria que dependen de ella –no es el caso de la exESMA– no podrían llevar adelante actividades que no sean expresamente autorizadas por Baños.

El mismo día que frenó el recital de Milo J, Baños ordenó bajar una gigantografía de Néstor Kirchner en la que se lo veía ordenando descolgar los cuadros de los dictadores del Colegio Militar de la Nación. Fue todo un gesto simbólico por parte del Gobierno de Milei, que viene instalando una narrativa tendiente a validar el accionar de las Fuerzas Armadas en los crímenes aberrantes que se cometieron en los años ‘70 y ‘80 al amparo del Estado.

En la mañana del 24 de marzo, H.I.J.O.S reinstaló la gigantografía fuera de su edificio en la exESMA. Del acto participaron, entre otros, el diputado Máximo Kirchner y el senador Eduardo “Wado” de Pedro. Cristina Fernández de Kirchner compartió fotografías de la reposición y escribió: “Por más que quieran no van a poder”.

La decisión de impulsar la auditoría llegó dos días después del 24 de marzo, cuando la Casa Rosada hizo una serie de movidas para ganar la agenda. En primer lugar, difundió un video protagonizado por el politólogo Agustín Laje en tono de justificación de los crímenes. En segundo lugar, el vocero –ahora devenido en candidato– Manuel Adorni anunció una desclasificación de archivos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que nadie sabe en qué consistirá y si no será la excusa para darle la estocada final al Archivo Nacional de la Memoria (ANM). En tercer lugar, el Gobierno informó que había firmado una solución amistosa para presentar el asesinato del capitán Humberto Viola y de su hijita María Cristina como un crimen de lesa humanidad, equiparando las acciones de los grupos político-militares de izquierda con los crímenes perpetrados desde el aparato estatal.

Desde fin de año, la situación en la ex-ESMA está convulsionada por los despidos ordenados por Baños en la Secretaría de Derechos Humanos. El 27 de diciembre hubo un abrazo al espacio. Según denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), ese día hubo tareas de inteligencia ilegal por parte de las fuerzas de seguridad.

La Policía Federal Argentina (PFA) controla los ingresos a la SDH. Baños aceleró una tanda de despidos a mitad de mes después de una asamblea que fue filmada por efectivos policiales. Los justificó diciendo que había actos de indisciplina.

Desde el 2 de enero, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que funcionaba desde 2008, está cerrado por decisión del secretario de Derechos Humanos. Si bien Baños había hecho trascender que iba a presentar una nueva programación en febrero o marzo, ese plazo se extinguió, y lo único que quedó en claro fue la intención de la administración libertaria de ir vaciando la exESMA.

Nota Página 12-Por Luciana Bertoia