Causa Vialidad: un alegato que desnuda las maniobras de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola

El exministro de Planificación enfrenta un pedido de condena a 10 años de cárcel y no fue siquiera nombrado durante el juicio. Su abogado Maximiliano Rusconi detalló ante el tribunal que lo juzga las inconsistencias de las imputaciones y denunció el uso político y persecutorio de la Justicia. 

“Este tribunal tiene la obligación procesal, ética, constitucional de absolver a Julio De Vido. Pero hemos perdido toda fe en el estado de derecho. No tenemos ninguna fe que este tribunal nos escuche desde el lugar de la imparcialidad”. De esta manera, el defensor del exministro de Planificación, Maximiliano Rusconi, arrancó con dureza su alegato en el juicio por la obra pública en Santa Cruz. “¿Por qué estoy acá si no tengo fé? Porque es una obligación defender el estado de derecho, defender un sistema penal digno”. 

Sobre las pruebas mismas, el otro integrante de la defensa de De Vido, Gabriel Palmeiro, ironizó: “Nos dijeron que iban a exhibir miles de mensajes incriminatorios del celular de José López. Al final, respecto de De Vido, exhibieron uno, que ni siquiera era al ministro sino a un encargado de ceremonial. Pero ¡qué oportunidad de tener una prueba! ¿Lo llamaron a declarar los fiscales a ese encargado de ceremonial, Leonardo Pantanalari? No, se cuidaron muy bien de no tenerlo como testigo porque, una vez más, les derrumbaba la supuesta prueba”.

El uso político de la justicia

Rusconi hizo un minucioso análisis de cómo se desarrolló la causa Vialidad. “¿En qué contexto nos defendemos? En el de la utilización política del sistema federal de justicia. Esto ha sucedido. Todos lo sabemos”, afirmó Rusconi. “Buena parte de la utilización política parte de seleccionar contra quién se va. En este caso, una sola provincia, un único empresario, un único tipo de obra pública. O sea, Santa Cruz, el grupo Austral y la obra vial. No quisieron molestar a nadie, a ningún otro empresario, otra provincia, otro tipo de obra pública. ¿A quién quieren engañar?”, desafió el letrado.

Rusconi describió, palabras más o menos, el mecanismo que se utilizó durante el macrismo. "El espionaje ilegal, con todas falsedades, se lo daban a algún periodista amigo. Este lo publicaba. Sobre esa base se hacía una denuncia y cuando llamaban a declarar al periodista, éste se amparaba en la reserva de las fuentes. Así blanqueaban la información falsa, como se blanquea dinero", dijo el letrado. El siguiente paso era el sorteo del juez. "Según Adrián Paenza, la posibilidad de que salieran siempre los mismos jueces (Claudio Bonadio y Julián Ercolini) era una en decenas de millones. Y si no les caían a ellos, hacían otras denuncias iguales, hasta que le cayera al juez amigo". 

Los testimonios claves

Palmeiro, por su parte, hizo un repaso de algunos testimonios claves, todos convocados por los fiscales y que, según decían ellos, iban a ser lapidarios.

Roberto Lavagna, por ejemplo, que había denunciado cartelización de la obra pública por un informe del BID, dijo en las audiencias que no se había referido a Santa Cruz.

El exgobernador Sergio Acevedo, al “que los fiscales presentaron como testimonio clave, no denunció ningún hecho y eso que tenía la obligación de hacerlo”.

Tampoco Elisa Carrió aportó ningún dato concreto. Lo mismo Margarita Stolbizer.

“Pero los fiscales omitieron a uno de los hombres que hizo la auditoría, Pastor Romero, y que concluyó que ‘no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse’. No entiendo qué pudieron haber interpretado para hacer esta denuncia, nos dijo Pastor Romero. Ese testimonio no lo tuvieron en cuenta. El licenciado Raúl Rigo, que lleva décadas en la Oficina de Presupuesto del Congreso, afirmó en este juicio que no había ninguna irregularidad. Y todo lo actuado fue aprobado por el Congreso en la revisión de la Comisión Parlamentaria Mixta de Revisión de Cuentas. Pero como eso no les convenía a los fiscales dijeron que los diputados y senadores fueron engañados. Ese es un control constitucional, decisivo”.

“Nos dijeron que la SIGEN hizo un informe lapidario -afirmó Palmeiro-. Mintieron. Fue un integrante de la SIGEN, el radical Leandro Despouy, pero lo que dijo no fue aprobado por la SIGEN y no aportó ninguna prueba”.

Báez en el puesto 36

Rusconi contó que cuando empezó el juicio pidió el listado de contratistas del Estado porque imaginé que “debajo de Lázaro Báez, que supuestamente era el privilegiado, habría otros empresarios vinculados al kirchnerismo, también privilegiados. Y me encontré con que Báez estaba en el puesto 36 de la obra pública, con apenas el 0,3 por ciento del total. Arriba estaba, en primer lugar Techint y luego seguían Iecsa (del primo de Mauricio Macri), Roggio, Odebrecht, Siemens”.

El porcentaje de Santa Cruz
“En el marco de la persecución -siguió Rusconi- dijeron que la maniobra consistía en asignar demasiada construcción de rutas a Santa Cruz. Y nos fijamos las proporciones. La Patagonia tiene el 26 por ciento del territorio nacional y apenas el 4 por ciento de la red nacional vial. Como dijo Raúl Alfonsín en su momento: esos son los territorios que tenemos abandonados”.

Las preguntas que los fiscales no hicieron

“Y frente a ese direccionamiento, nosotros no especulamos, fuimos de frente -siguió Rusconi-. Por ejemplo, les preguntamos en forma directa a los testigos ¿Julio De Vido intervino?, ¿le dio alguna instrucción?, ¿le pidió que favoreciera al grupo Austral? Eran preguntas de riesgo, porque el testigo podría haber contestado otra cosa. Pero la respuesta es que en este juicio a Julio De Vido no se lo nombró. ¿Por qué los fiscales ni siquiera preguntaron por Julio De Vido? ¿Por qué trataron de saltar rápido a otra cosa? La fiscalía no preguntó, no investigó nada, porque se le caía la acusación”.

Palmeiro recordó un dato clave del testimonio del denunciante, el ultramacrista Javier Iguacel. “Le preguntamos si hubo alguna queja, alguna presentación por irregularidades por las obras de Santa Cruz en el ministerio que conducía De Vido. E Iguacel, que no era neutro para nada, contestó que no. O sea, no había ninguna razón por la que De Vido debía intervenir. Para eso estaban los organismos de control que él mismo impulsó en Planificación y también otros organismos de control nacionales y sobre todo, provinciales”.

Ningún hecho concreto

“Y llegamos al día de hoy -remató Rusconi en su inauguración del alegato- sin saber qué acción cometió el exministro. Cuáles fueron los hechos. Los fiscales fueron por las grandes palabras, los tipos penales, pero no dijeron nada de qué hecho concreto se le atribuye a De Vido. El no administraba el presupuesto, porque eso les cabía a los jefes de Gabinete ¿Y saben por qué los fiscales no imputaron a los jefes de Gabinete? Porque la historia que armaron es que la matriz fue trasladada desde Santa Cruz y ningún jefe de Gabinete era de Santa Cruz. De Vido ni administraba ni ordenaba pagos. Armaron una acusación falsa, ridícula, insostenible, irreal”. 

Fuente Pagina 12