Crisis habitacional: 1500 juninenses desempleados en la construcción y el sueño lejano del PRO.CRE.AR

Por Redacción 

En el año 2012 el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció el PRO.CRE.AR (Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar) lo que generó la  construcción y el acceso a la vivienda de sectores y economías populares.

Se trató de un proyecto realizado y gestionado por la entonces Presidencia de la Nación, en acción conjunta con la Ansés, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Hipotecario.

En Junín bajo esa línea de créditos se pudieron construir 900 viviendas, lo que generó empleo en el sector de la construcción y la reactivación del mercado local.

“Con Procrear se hicieron 900 casas en Junín, y ahora no se está haciendo nada, los créditos UVA fueron una estafa para la gente”, contó Eduardo Diotti, Secretario General de la UOCRA Junín en diálogo con Agenda 365.

Pero en el 2016, bajo la gestión de Mauricio Macri  fue reformulado, incrementando drásticamente las tasas de interés, y excluyendo a los sectores de bajos recursos al elevarse significativamente el ingreso mínimo requerido.

De esta manera el sueño de la casa propia está cada vez más lejos, con los créditos actuales las cuotas que se actualizan en función de la inflación aumentaron entre un 60 y un 70% del valor original, superando ampliamente los salarios de los trabajadores.  

Promesas del Gobierno Local: Sin viviendas y con dólar sin control

El plan de las 26 viviendas prometidas por el Gobierno Local se fue achicando. En un principio la promesa fue “la construcción de 50 viviendas” que estaban contempladas en un convenio que el Concejo Deliberante aprobó el 29 de septiembre de 2016.

El documento adhería al Convenio Solidaridad Habitacional con los Municipios, del Instituto Provincial de la Vivienda preveía, para Junín, la construcción de medio centenar de casas ubicadas en el barrio La Celeste.

“Primero se licitaron las 26 viviendas con 26 millones de pesos, como el presupuesto era mucho más elevado se volvió a licitar por un monto mayor, ganó una empresa de Buenos Aires que llegó a Junín, tomó a cuatro compañeros para armar el obrador y limpiar el lote y cuando estaban por empezar se fueron”, contó en diálogo con Agenda 365 Eduardo Diotti, Secretario General de la UOCRA Junín.

Los argumentos de la empresa apuntaron a la falta de claridad y de pagos por parte del Municipio de Junín y del Instituto de la Vivienda.

1500 Juninenses esperan por un trabajo en la construcción

La crítica situación que atraviesan la confirmó Diotti manifestando que en la sede la UOCRA tienen más de 1500 currículums de personas desocupadas. “Mirá si no habrá necesidad de trabajar. Todos los días recibimos 50 personas pidiendo trabajo en la UOCRA, la situación está muy difícil”, aseguró Diotti.

Por otro lado, luego de que el miércoles se aprobara la adenda para la construcción de la obra del Camino al Balneario y la esperanza de una mínima reactivación laboral del sector Diotti expresó que habló con la empresa pero  “todavía no saben nada, porque los costos son del 2017”.

Informe CELS: “Más mercado y menos derechos: la respuesta del Estado a la crisis habitacional”

“Más mercado y menos derechos: la respuesta del Estado a la crisis habitacional”, informe realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) detalla que  “más aún, el mercado aparece como la esfera central de satisfacción y la lógica del mercado parece tener directa consecuencia en la situación habitacional de los sectores más vulnerables, al promoverse desalojos de forma masiva y generarse obstáculos directos e indirectos para el acceso a la vivienda”

Y agrega: “El derecho a la vivienda adecuada se encuentra garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución y a partir de la reforma constitucional de 1994 se le ha otorgado jerarquía constitucional a numerosos tratados internacionales que garantizan el derecho a la vivienda adecuada . Entre ellos el más relevante es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que, en su artículo 11, dispone que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.”

“En virtud de los compromisos internacionales asumidos, el Estado no sólo está obligado a generar condiciones igualitarias de acceso a la vivienda; debe, con el máximo de sus recursos disponibles, respetar los contenidos mínimos establecidos por dichos instrumentos y las disposiciones establecidas por los órganos de vigilancia de la aplicación de dicho Pacto. En el caso particular del PIDESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido, en sus Observaciones Generales Nos. 4 y 7, los estándares internacionales del derecho a la vivienda adecuada. Por lo tanto, el Estado debe también mejorar las condiciones de goce y ejercicio (principio de no regresividad); garantizar la participación de los grupos afectados en la toma de decisiones de diseño e implementación de políticas públicas sobre vivienda y asegurar el acceso a la información, al tiempo que deben existir vías idóneas y efectivas que posibiliten el reclamo judicial ante el incumplimiento de algunas de estas obligaciones estatales. Norma y realidad”

El informe concluye afirmando que: “Las respuestas estatales frente a la crisis habitacional parecen haberse orientado a la configuración de zonas aptas para la inversión privada. Se delinearon verdaderas “áreas de oportunidad” para la iniciativa del mercado, dejando al mercado regular la cuestión, sin diseñar y/o implementar políticas que intervengan en el libre juego de las relaciones comerciales que dejan afuera los sectores más desaventajados. Ocurre que, en lugar de “desmercantilizar”, es decir de poner bajo la responsabilidad del Estado la provisión de determinados bienes o recursos, normalmente definidos como derechos sociales, o facilitar el acceso a ellos para los sectores que no logran satisfacerlos en el mercado, el camino parece el inverso. Por un lado se coloca al mercado como esfera central de satisfacción; por otro, para los sectores que no acceden a esta modalidad, la lógica del mercado parece tener una directa consecuencia en su situación habitacional, al generarse desalojos de forma masiva y obstáculos directos e indirectos para el acceso a una vivienda. No está en manos del mercado conceder viviendas para quienes no pueden comprarlas; es el Estado quien tiene la responsabilidad de abordar esta problemática como política pública”.

Fuente: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)