La Libertad Avanza: el Gobierno dará de baja los 300.000 permisos para cultivar marihuana del REPROCANN

Vivimos una época donde las palabras quedan vacías de significado. Es el caso de la fuerza de gobierno que, autoproclamada La Libertad Avanza, ataca sin freno derechos sociales conquistados en los últimos años. El cultivo de marihuana es lo último: el Ejecutivo anunció que dará de baja los 300 mil permisos del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann). ¿Las principales víctimas? Las y los pacientes que necesitan del cannabis medicinal.

Así lo afirmó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich: “no es ley el desvío a la venta ilegal (…). Algunos creen que no hace daño, pero se ha convertido en una droga muy peligrosa. El THC —la sustancia que te cambia la neurología— que hay en Argentina es de 18%, mientras que la que está legalizada en Uruguay se acepta hasta un 2%. Es como una soja transgénica (sic)”.

“Hemos tenido un problema muy serio –acotó la funcionaria, ex macrista– Vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero”. Y atacó también al uso del cannabis medicinal, cuando sostuvo que bajo la gestión de Alberto Fernández, “se aprobaron más de 300 mil permisos para sembrar marihuana. Más otros 30 mil que podían sembrar para venderle remedios a otros, remedios que no están avalados por el ANMAC, remedios que no necesariamente, que son muchas veces caseros”.

Los ataques del Gobierno al REPROCANN

El REPROCANN, que nació en 2021, es el Registro Nacional de Personas Autorizadas al Cultivo Controlado con Fines Medicinales y Terapéuticos. Su principal objetivo es permitir a los pacientes autorizados cultivar cannabis bajo un control riguroso para tratar enfermedades específicas. De acuerdo con la ley, los cultivadores pueden sembrar entre una y nueve plantas y transportar hasta 40 gramos de flores secas. Sin embargo, la medida ahora implementada por el Gobierno pretende revisar todos los permisos previos.

La decisión es el corolario de ataques anteriores del Gobierno hacia el sector cannábico. Ya en abril, el vocero Manuel Adorni justificaba el recorte de unos 140 mil millones de pesos y adelantaba: “se comenzaron a revisar requisitos de inscripción en el Registro de Productores de Cannabis, popularmente conocido como REPROCANN, en el que se detectó que en la gestión anterior se emitieron más de 90 mil solicitudes sin diagnósticos basados en evidencia científica”.

“Primero, el REPROCANN no es un registro de productores sino de pacientes; y segundo, sobra la evidencia científica. Basta escarbar un poquito”, manifestó en ese momento a Tiempo el abogado Juan Palomino, especializado en derecho cannábico.

El programa de Cannabis

El año pasado, el Ejecutivo propuso ante el Consejo Consultivo Honorario (CCH) del Programa de Cannabis la modificación de la resolución 800 de la Ley 27.350 para restringir las patologías por las cuales los profesionales de la salud pueden indicar el uso del cannabis medicinal.

Según se informó al CCH, hasta el año pasado se recibían cerca de 1000 solicitudes por día y sólo estaban aprobando 40 trámites. El embudo ya era insostenible. «Están colapsados de prontos despachos y de amparos de pacientes. Hay 450 ONG’s o más que están esperando el alta para poder utilizar el sistema. Frente a esto realmente me cuesta entender cómo fue que analizaron y establecieron que no hay evidencia científica en más de 90.000 inscripciones”, insistió el abogado.

Como relató Sebastián Basalo, referente del movimiento cannábico, organizador de la Expo Cannabis y director de la revista THC, desde el Ministerio de Salud indicaron que este retraso se debe a que buscan auditar el proceso, «lo cual sería positivo si redunda en una mayor agilidad y eficiencia, pero a la vez informaron que también pretenden limitar el número de patologías por las cuales puede prescribirse cannabis medicinal, algo que va en contra de la evidencia científica y de la misma Ley 27.350 que afirma que basta con la indicación de un médico». Un mecanismo similar al ajuste a las universidades: la excusa de auditar mientras avanzan en un recorte efectivo.

La Sociedad Argentina de Endocannabinología y Terapéutica Cannábica, integrada por profesionales y especialistas en el uso terapéutico de la planta, denunció que el gobierno «desconoce el alcance real» del cannabis medicinal en la medicina actual que “viene a desafiar el quehacer médico convencional siendo, en la mayoría de los casos, los mismos pacientes quienes concurren con la terapéutica instaurada en busca de acompañamiento y validación del uso de la planta para paliar sus dolencias”.

Salud, industria y regulación

Basalo destacó que el REPROCANN casi no representa un costo económico para el Estado: «vino funcionando muy bien estos años y de él depende la salud y la calidad de vida de casi 300 mil personas que ya se inscribieron y otras cientos de miles que están esperando”. Las leyes 27.350 y 27.669 no solo “blanquearon” una situación cotidiana para los usuarios, sino que también amplían la aplicación de la planta, extendiendo su uso para la construcción, los textiles, la celulosa y productos de consumo humano como los comestibles.

En esa visión conservadora contra el cannabis, el gobierno atenta contra la generación de divisas de una industria en alza, que podría ayudar a paliar el déficit, una bandera mileísta. Lo ideológico prima por sobre lo económico y la salud. “Se trata de una industria regulada porque es una excepción a la Ley de estupefacciones y las autoridades son federales porque se trata de un delito penal bajo su competencia, que está regulada en Argentina y en el mundo”, explicó Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann) y director de Pampa Hemp, firma pionera en obtener como emprendimiento privado la autorización del Ministerio de Salud para desarrollar un cultivo con fines productivos y de investigación.

REPROCANN provinciales

Como relató Tiempo en octubre, ante las demoras de casi un año por parte del gobierno nacional en renovar u otorgar nuevas altas en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), avanzan diferentes normativas locales para poder cumplir con la Ley Nacional 27.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados.

La provincia de Chubut aprobó una legislación alternativa y por estos días los diputados y diputadas porteñas avanzaron con una norma similar para la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, este tipo de iniciativas de multiplican en al menos cuatro provincias más: Chaco, Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego, donde hay una federación local de clubes y organizaciones cannábicas..

Federico «Sinvi» Sinagra, miembro de Cultivando Derechos y referente de la Federación de Clubes Cannábicos de la República Argentina, explicó a Tiempo el escenario actual del sector que había tenido un gran impulso en los últimos años con la sanción y reglamentación de las leyes 27.350 y 27.669, cuyo corolario fue la creación del REPROCANN y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME): “desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el REPROCANN está parado. Salieron algunas aprobaciones pero muy a cuentagotas frente a las miles de demandas tanto de renovaciones como de nuevas altas”.

Miles de pacientes que esperan

El abogado Juan Palomino, especialista en derecho cannábico y fundador del Estudio420, denunció que “el Ministerio de Salud no sólo no aprueba a los más de 130 mil pacientes que están esperando, sino que a pacientes que ya fueron aprobados les están cambiando el estado nuevamente a pendiente”.

Y criticó la resolución de la cartera que hoy conduce Mario Lugones que les exige a los médicos contar con una Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la planta: “los profesionales de la salud no tienen ni donde cargar esa información. Esta situación es insostenible, se avasallan derechos adquiridos. Es gravísimo”.

Sinagra resumió: “frente a esta situación donde las personas quedan a merced de la Ley de Drogas, generamos esta estrategia para atender la desmovilización generalizada fomentada por la represión del gobierno y para contrastar el ataque a la ampliación de cualquier tipo de derechos”.

Nota Tiempo Argentino-Por  Guillermo Lavecchia