Gobierno libertario: Perdió un ojo por la represión y le negaron el certificado de discapacidad

Al abogado Matías Aufieri la represión del gobierno de La Libertad Avanza le quitó un ojo, las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich le arrancaron la visión con una bala de goma disparada directo a la cara. Pero no solo eso, el mismo Gobierno le quitó la posibilidad de remediarlo mínimamente. En medio del escándalo por las coimas en Andis, el organismo le negó el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Y hay más: en otro rechazo del Gobierno libertario, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo difirió el trámite para determinar su incapacidad. Aufieri estaba trabajando como asesor del bloque del Frente de Izquierda junto a los diputados de ese bloque cuando lo hirieron y ahora deberá esperar varios meses más para completar el trámite. “Es un ataque del Estado, primero con la represión y, después, con la negativa a los derechos o a cualquier otro tipo de reparación”, le dijo a Página/12.

El manual del discurso libertario sostiene que el Estado no debe hacerse cargo de una persona con discapacidad, así se lo dijo Diego Spagnuolo, el ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad a Ian Moche y a su mamá, antes de que su voz invadiera canales de televisión, streamings y radios relatando coimas en la compra de medicamentos por parte de la hermana del Presidente. "Su discapacidad no es un problema del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?". Lo que el manual del discurso libertario no dice es qué pasa con las personas a las que el propio Estado les arrebató alguna capacidad. El criterio es el mismo: también los abandona. “A mí, el gobierno de Milei me inutilizó un ojo al reprimir una protesta. La "normativa" indicaría que al tener otro ojo no hay discapacidad, y la Andis me denegó el CUD. Como tengo trabajo, no le iba a implicar ningún gasto, pensión, ni erogación al Estado (más que el de las balas de goma con que me cegaron), pero igual me denegaron el certificado. Ahora se comprueba que no es para cuidar el equilibrio fiscal, sino para robársela ellos”, denunció días atrás Aufieri en las redes sociales.

La normativa para la certificación en discapacidad visual indica que la persona debe tener menos del 30 por ciento de la visión total. En el caso de Aufieri, perdió el 100 por ciento en un ojo cuando el Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía Federal le disparó a la cara y, como tienen el 70 por ciento de visión en el otro, la junta médica decidió rechazar el pedido. “Yo consideraba que correspondía, más allá de esta normativa que es muy confusa, que viene del Gobierno anterior, pero que después esta administración la cambió y después volvió a cambiarla. En mi caso, el ojo del que veo se va gastando cada vez más ante la ausencia del otro”, le contó a Página/12. “No estaba en juego una pensión siquiera, tampoco una obra social porque ya tengo, sino el CUD”, comenta como si hiciera falta sumar más argumentos. Agotadas las instancias administrativas, analiza judicializar el caso.

Matías Aufieri perdió el ojo en uno de los primeros operativos represivos de Bullrich y Milei, el 1 de febrero de 2024, mientras en el Congreso se debatía la Ley Bases. Es abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y estaba en la plaza cuando un efectivo de la Policía Federal le disparó un balazo de goma a corta distancia. En estos 15 meses Matías tuvo tres operaciones, una de urgencia y otras reconstructivas, pero el daño en el nervio óptico es irreversible.

“Fui a tramitar el certificado con esas heridas que me propinó el Estado”, cuenta. Pero eso no importa ante una agencia de discapacidad que todos los días tiene largas filas en la sede central de personas que perdieron la pensión porque nunca recibieron la carta documento con la indicación de someterse a los estudios médicos para revalidarla. Tal como reveló Página/12 , el Ejecutivo está en condiciones de dar de baja del beneficio a medio millón de personas tras la auditoría que implementó el ahora apichonado y compungido Spagnuolo. “En mi caso es el Estado quien me incapacitó. Yo tengo la suerte de tener trabajo, por ende, no estaba en juego la solicitud de ninguna pensión ni gasto extra del Estado. Un gobierno libertario que las prestaciones que le quita a las personas con discapacidad no apuntan siquiera al tan mentado equilibrio fiscal, sino a enriquecer a funcionarios y empresarios del rubro”, agregó Aufieri.

“En el marco de las denuncias y la corrupción grosera que salió a la luz en los últimos días, decidí dar a conocer mi caso, que obviamente es uno entre miles, pero que sirve como ejemplo porque contradice abiertamente a Spagnuolo”, sostuvo el abogado que participa como querellante en otra causas de represión.

Pero hay más, al momento del ataque Aufieri estaba trabajando como asesor de los diputados de izquierda que esa tarde entraban y salían del Congreso, variando su participación entre la sesión y la represión que Bullrich comandaba afuera. Es decir, que fue herido mientras trabajaba, pero otra vez le "dieron la espalda" en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que depende del Ministerio de Trabajo. "Es el Poder Ejecutivo, a través del ministerio, que me difirió el trámite y no determina todavía mi incapacidad por varios meses más en lo que es una clara manera de favorecer a las aseguradoras de riesgo de trabajo", contó

Nota P12- Por Melina Melisa