Emergencia en Discapacidad: "Necesitamos ponerle un límite a tanta crueldad"

“Tengo autismo y necesito que les paguen a mis terapeutas ya que si no les pagan la terapia va a cerrar. Por favor, páguenles a nuestras terapeutas porque si no, no las voy a ver más”, pidió ante las cámaras Tiziano, un nene que participó con su mamá de la masiva protesta por los derechos de las personas con discapacidad. Su testimonio conmovió y reflejó una situación que es generalizada: tras seis meses sin actualización de aranceles por parte del Gobierno Nacional, el sistema de prestaciones en discapacidad está al borde del colapso.

“Discapacidad sin derechos es desigualdad”, “Por cada prestación que no se paga hay un derecho que se vulnera”, “Somos terapeutas por vocación pero no se puede vivir del amor” y “Las terapias sostienen vidas: no son un gasto, son un derecho” fueron algunas de las consignas que se leyeron en la multitudinaria protesta que este jueves se concentró frente al Congreso de la Nación y que tuvo réplicas en distintos puntos del país.

El principal pedido es que avance el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, que iba a tratarse este jueves en Diputados pero se postergó una semana y se trataría el 4 de junio. Además, se exige que se actualicen los aranceles del Nomenclador nacional que definen los montos que se pagan a terapeutas, transportistas y distintos profesionales que asisten a las personas con discapacidad en centros de día, escuelas y otros espacios, muchos de ellos en peligro de cierre por las políticas de ajuste.

En tanto, en las últimas horas causó indignación una frase del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), quien ante este tipo de reclamos le respondió a Marlene Spesso, mamá del influencer y activista acerca de autismo Ian Moche: “Si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado”. Fiel reflejo de un Gobierno que pregona por un Estado ausente. Cuando una columna pasó por la sede de la ANDIS, según los presentes, el propio personal de la Agencia salía a manifestarles apoyo. Lo mismo sucedió ante la sede del Ministerio de Salud.

Paro y desesperación

La medida, de la que participaron personas con discapacidad, familiares y profesionales, incluyó el paro de prestadores como transportistas y la movilización al Congreso, así como a plazas de las principales ciudades del país. “Denunciamos el vaciamiento de ANDIS, la falta de políticas públicas y el corrimiento de perspectiva hacia modelos ya trascendidos que reemplazan Derechos por asistencialismo. También, la quita de Pensiones No Contributivas, los obstáculos burocráticos para tramitarla y la trampa de auditorías”, dijeron a la agencia Noticias Argentinas desde las organizaciones participantes.

Juan Pérez Brancatto, presidente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de la provincia de Buenos Aires (Ataecadis), dijo a radio AM 750 que “este es un paro autoconvocado” y nace de “la desesperación” de los prestadores por la falta de pago y la falta actualización del nomenclador.

“Hoy se nota el hartazgo directamente, porque se llevó a cabo una convocatoria que viene desde las bases que no fue un llamado desde las organizaciones, sino el hartazgo de prestadores que no pueden solventar más los alimentos en sus casas y seguir brindando el servicio”, lamentó.

Contó que las prestaciones se cobran entre 60 y 90 días, pero el “principal problema es que no hay actualización de aranceles desde diciembre de 2024 y los aumentos del año pasado fueron paupérrimos”. Advirtió que “cada vez hay más solicitudes de prestaciones” porque se están “cayendo” muchas y “las personas con discapacidad quedan a la deriva”.

“Venimos hace mucho tiempo arrastrando un déficit, pero es la primera vez en 23 años que nos vimos en la necesidad de suspender las actividades, porque la situación se está haciendo totalmente insostenible. Hoy, hay un 73% debajo de lo que es la inflación. Los profesionales de apoyo están cobrando 307.000 pesos por trabajar cinco días a la semana por cuatro o cinco horas diarias”, dijo –en declaraciones a La Nación- Elizabeth Karina Foschi, presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (CASAIE), que representa a más de 200.000 niños, niñas y jóvenes discapacitados.

La protesta había comenzado pasadas las 11, en forma de semaforazos en las esquinas de Rivadavia e Yrigoyen. Pero fue tal la convocatoria que se cortó la calle entre ambas avenidas sobre Entre Ríos, frente al Congreso. La concentración continuó hasta toparse con el reclamo de residentes del Hospital Garrahan, que en su exigencia por mejoras salariales velan también por derechos que atañen a la salud de la población pediátrica. Hubo momentos de tensión cuando la Policía frenó el avance de la movilización empujando a manifestantes entre los que había niños y niñas. “¡Con qué necesidad empujan, hay nenes! ¡Están empujando personas con discapacidad!”, les gritaban. Todo esto, un día después de otra violenta represión contra la marcha de las y los jubilados, como cada miércoles.

El reclamo llegó a la ONU

En los días previos a la marcha, un grupo de organizaciones sociales denunciaron ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la “grave situación que están atravesando las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones en Argentina”.

Así lo informó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una de las entidades denunciantes junto con la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba y la Red de Asistencia Legal y Social (RALS).

“Denunciamos que la situación que están atravesando las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas pone en grave riesgo su derecho a la protección social y todos aquellos que dependen de él”, señalaron las organizaciones.

Además, cuestionaron la aprobación del Decreto 843/24, que “restablece requisitos que habían sido declarados inconstitucionales por la Justicia argentina y objetados en reiteradas ocasiones por organismos internacionales de derechos humanos. Al hacerlo, reproduce un paradigma médico, capacitista y discriminatorio, que desconoce la situación de exclusión estructural en la que se encuentran las personas con discapacidad, se desentiende de los gastos adicionales que deben afrontar y atenta de modo directo contra su autonomía financiera y su derecho a la vida independiente”.

También plantearon su preocupación por la implementación de un proceso de auditoría “sin garantías de accesibilidad ni apoyos que permitan a las personas convocadas ejercer su derecho de defensa. Las evaluaciones no solo se están desarrollando en base a una norma inconstitucional, sino que las condiciones en las que se realizan obstaculizan el cumplimiento de las citaciones, la comprensión del proceso, la presentación de la documentación requerida y la posibilidad de efectuar descargos”.

Por todo esto, pidieron al Comité que inste al Estado argentino a proporcionar información detallada y documentada sobre los resultados del proceso de auditoría; que exhorte a derogar el Decreto 843/24 y a adecuar su normativa al enfoque de derechos humanos; que requiera la suspensión de las auditorías hasta que se garantice un procedimiento accesible y respetuoso de los derechos de las personas con discapacidad; que asegure la participación efectiva de este grupo en toda reforma legal, política pública o procedimiento que lo afecte; y que exija la adopción de medidas urgentes para proteger su derecho a la protección social.