Diputados del UxP confirman el pedido juicio político a Milei y la quita de facultades delegadas por el Congreso

El escándalo generado por el derrumbe de la criptomoneda $LIBRA les dio el insumo que necesitaban para pedir el juicio político del Presidente, y ahora no hay tiempo que perder. Los fundamentos se conocerán en los próximos días, pero giran en torno de una pregunta clave: ¿Javier Milei estaba al tanto de que el valor de la moneda se derrumbaría, y por lo tanto hay dolo, o no sabía nada y fue engañado en la arena que siempre destacó manejar (la economía)? Es la misma pregunta que desvela al Gobierno porque ninguna de las dos alternativas es buena. O estafó o lo estafaron. Ninguna respuesta es correcta y la dirigencia libertaria, consciente de ello, sufre.

“Estamos en la dimensión desconocida”, reflexiona, entre incrédulo y exaltado, un dirigente de Unión por la Patria. El criptogate había caído como maná del cielo luego de una semana de triunfos oficialistas en la Cámara de Diputados. Javier Milei venía de aprobar la Ficha Limpia, que de sancionarse prohibiría la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, y de aprobar la suspensión de las PASO, cuya votación había dividido con virulencia el bloque que preside Germán Martínez. Y todo luego de prorrogar por segunda vez consecutiva el Presupuesto sin casi rechazo opositor. El escándalo cripto había alterado la relación de fuerzas.

Fue por este motivo que UxP reaccionó rápido y decidió convocar una conferencia de prensa para anunciar el pedido de juicio político. “Le pedimos al presidente que no se victimice y se haga cargo y dé explicaciones. Y el lugar para dar explicaciones es el Congreso. La justicia se encargará de los temas penales, pero nosotros nos tenemos que hacer cargo de las responsabilidades políticas”, anunció Martínez desde las oficinas de UxP ubicadas en el tercer piso de la Cámara de Diputados. 

Habían participado representantes de todos los sectores que componen el panperonismo. Camporistas y axelistas, massistas y representantes de los gobernadores: todos habían asistido para dar la imagen institucional de que todo UxP, pese a sus diferencias internas, acompañaba el pedido de juicio político. Aunque habría algunos matices. El diputado Ramiro Gutiérrez, referente del Frente Renovador en la Provincia de Buenos Aires, nunca hablaría de Juicio Político, por ejemplo.

“El Presidente es una persona que está confundiendo su rol y nosotros necesitamos que, frente a una persona políticamente expuesta que ha gerenciado un puente de oro para que muchos puedan ingresar a una acción defraudatoria, de todas las explicaciones. Vimos cómo el avión de esa acción explotaba en el aire, ahora hay que abrir la caja negra”, precisó Gutiérrez, abriéndole la puerta, al igual que lo haría la mayoría, a otros mecanismos de investigación.

El objetivo era dejar en claro que lo que buscaba el peronismo era investigar, y que si bien consideraban que el mecanismo institucional adecuado para hacerlo era la comisión de Juicio Político, no le terminaban de cerrar la puerta a otras alternativas. Era un mensaje para el resto de la oposición más amigable, que se había manifestado en contra de acompañar el pedido de Juicio Político. 

El radicalismo de Democracia Para Siempre y el pichettismo de Encuentro Federal, por ejemplo, coquetean con la idea de conformar una comisión especial investigadora. No quieren Juicio Político pero, a diferencia de la postura adoptada por la UCR deloredísta o el PRO, propone una alternativa de investigación. Será con ellos que el peronismo tendrá que negociar si desea sostener el tema en agenda.

El cálculo es el mismo para todos: para conformar la comisión de Juicio Político -que se encuentra sin autoridades desde que Martín Menem desautorizó la designación de Marcela Pagano como presidenta- o para conformar la comisión investigadora se necesitará tener 129 votos. Esto es así porque Menem no convocará ninguna de las dos comisiones, por lo que los bloques opositores tendrán que emplazarlas en el recinto para poder obligarlo a hacerlo. Para ellos tendrán que convocar una sesión, conseguir el quórum y, luego, tener una mayoría de votos para votar afirmativamente por el emplazamiento. 

Es por este motivo que el peronismo necesita de EF y la UCR si desea avanzar con la investigación. En UxP hay contactos con Pablo Juliano (UCR díscola) y Nicolás Massot (EF), pero todavía muy tentativos. “Hay que forzarlos a que se pronuncien. Lo que puede cambiar las cosas es que está involucrada la Justicia norteamericana también. Porque si hubiera dependido de la política y de la Justicia argentina esto moría a las 72 horas”, admitió una autoridad de UxP.

Será un trabajo delicado porque el Gobierno utilizará todas sus herramientas para interrumpir la investigación. En UxP lo experimentaron apenas se desató el escándalo el viernes a la noche. Habían pasado apenas unas horas, el pedido de juicio político era apenas una amenaza y, sin embargo, Santiago Caputo ya había comenzado a llamar a diputados y gobernadores peronistas: el asesor todoterreno estaba preocupado y quería asegurarse de que no estuviera el número para la destitución del presidente.

Estafado o estafador

La pregunta la verbalizó Vanesa Siley, pero luego todos la repetirían de maneras menos elegantes. “Este bloque quiere aportar a dilucidar, con mecanismos institucionales, es qué presidente tenemos. Si es el del tuit experto en ciencias económicas o el del otro Milei el ignoto que invita a argentinos y al mundo usando la investidura presidencial a participar de una estafa”, declaró Siley. 

Por lo bajo, los peronistas planteaban la misma dicotomía con otras palabras: “O es un estafador o es un boludo”. La misma pregunta se hacían los dirigentes libertarios en privado. 

Nota elDiarioAR