Cruzada contra los salarios: la piedra angular del nuevo programa con el Fondo

El gobierno había dado a conocer su intención de imponer un techo para las paritarias de alrededor del 1% mensual. El ministro de economía Luis Caputo adelantó en los primeros días de enero, antes de su reunión en Washington con los funcionarios del FMI, su intención de que «las mejoras salariales ronden el 1% y no se pasen de esa cifra a partir de marzo, en sintonía con las previsiones inflacionarias descendentes». La nueva aspiración del gobierno, anunciada esta semana, es que ese porcentaje «tienda al 0%».

Viga maestra de la política económica

Detrás de esa posición hay mucho más que un tire y afloje en el marco de la disputa por la distribución del ingreso. No se trata apenas del afán ajustador del gobierno contra los asalariados.

En realidad, se ha transformado en un asunto de primer orden para el diseño macroeconómico del oficialismo. Se trata de la variable que el gobierno necesita controlar para que el nuevo programa con el FMI que negocia por estas horas (ver página 5) no sólo conforme a los técnicos del organismo y los convenza de que será capaz de acumular reservas para que éstos accedan a reprogramar vencimientos y habilitar un nuevo desembolso, sino también para contener al menos parcialmente a todos los sectores del empresariado que buscan condicionar su programa económico.

Es que la viga maestra del gobierno, en su afán de llegar de la mejor manera a las elecciones de octubre, es la desaceleración de la inflación. Para eso ya tomaron la decisión de ratificar el ancla cambiaria agudizando la baja de la tasa de devaluación (crawling peg) hasta el 1% mensual. Un nuevo ajuste sobre los salarios o al menos impedir su recuperación en términos reales afectando la capacidad de consumo de gran parte de la población, es cierto, también aportaría un ancla adicional para la suba de precios.

Pero la voluntad del gobierno no se agota en limitar la tracción que la demanda ejerce sobre los precios. El atraso cambiario, contracara de su política antiinflacionaria, compromete la competitividad de la mayoría de los sectores de la producción y, a su turno, la capacidad de acumular reservas por la vía de la balanza de pagos.

Devaluación encubierta para el campo

Es por eso que, en el transcurso de la propia negociación con la misión del FMI que llegó a Buenos Aires, el gobierno anunció la reducción de las retenciones sobre las economías regionales y sobre los exportadores de soja, maíz y trigo.

En los hechos se trata de una devaluación encubierta dirigida a un sector puntual al que le garantizan un nuevo margen de rentabilidad capaz de compensar el efecto del tipo de cambio bajo. La medida, según la consultora especializada CEPEC, tendrá un costo fiscal de unos U$S 800 millones anuales e implica una mejora de U$S 28 por tonelada de soja y de U$S 9 para la tonelada de maíz. Para los productores de soja se trata de una mejora de U$S 100 por hectárea cultivada.

La decisión oficial busca inducir la liquidación de unos U$S 5 mil millones en exportaciones de cereales de la campaña anterior retenidos por productores que, con cierto margen, especulan con una devaluación de la moneda posterior a las elecciones de octubre.

El plazo de junio (aunque podría renovarse) al igual que el dólar soja que lanzó el entonces ministro de Economía de Alberto Fernández, Sergio Massa, apunta a que los productores aceleren sus liquidaciones por temor a perder el beneficio y garanticen el ingreso de dólares frescos a las reservas del BCRA que ofrezcan mayor credibilidad al gobierno frente a los funcionarios del FMI.

Tolerancia del Fondo

Es que el último informe del organismo, si bien ratificó sus críticas al modelo de tipo de cambio bajo e insistió con el reclamo de una devaluación, se mostró dispuesto a tolerar ese atraso en el marco de un programa que garantice mecanismos de acumulación de reservas y, a la vez, profundice la austeridad fiscal y encare las reformas estructurales que el gobierno tiene en su agenda y el organismo propone como receta inequívoca para todos los países del mundo.

En resumen, el modelo del dólar barato profundizado por la reducción del crawling peg ya fue acompañado de compensaciones al sector agrícola así como de una garantía de continuidad del carry trade para el sector financiero a partir de la decisión del BCRA de no reducir la tasa de interés de referencia ratificada en el canje de deuda en pesos ofrecido esta semana por la Secretaría de Finanzas.

La puntada final: bajar salarios en dólares

Pero para cerrar la cuadratura del círculo que plantea su programa económico para 2025, el gobierno necesita blindar a otros sectores productivos que también están sufriendo lo que denominan la «suba del costo argentino» y cuya pérdida de competitividad no sólo amenaza su continuidad productiva y miles de empleos sino que, para el FMI, resulta también una vía de salida de miles de millones de dólares por importación de bienes.

Es a ese sector con uso de mano de obra intensiva que el gobierno busca compensar, por un lado, con la nueva reforma laboral que ya fue presentada al Congreso y, por el otro, intentando garantizarle una reducción del salario medido en dólares. Para lograr eso, con un crawling peg del 1% mensual, los salarios deben ir por detrás de ese valor más allá de lo que ocurra con la inflación.

Es que, durante el primer año del gobierno de Javier Milei, se produjo una marcada contradicción en la evolución de los salarios de los trabajadores registrados. Mientras que, entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 y según los datos disponibles del INDEC, el poder adquisitivo en pesos de los salarios registrados cayó un 5,52%, en dólares se produjo un fenómeno inverso.

Según los datos oficiales que elabora la Secretaría de Trabajo basados en información del ARCA (ex AFIP), entre enero y octubre de 2024 el valor de la mediana del salario de los trabajadores registrados se incrementó un 62,4% si se midiera al dólar oficial y un 69,85% si se tomara su evolución según la cotización del dólar MEP.

En números concretos, la mediana del salario registrado que determina el valor del punto medio del total de la muestra, pasó de U$S 551 en enero a U$S 936 en octubre. Si se tomara el salario promedio al dólar MEP, la suba fue desde los U$S 724 hasta U$S 1214 en apenas diez meses.

Es ese el dato que desde el gobierno están observando a la hora de lanzar su cruzada para anclar los salarios. Pretenden que los mismos no superen el ritmo de devaluación del dólar y, por lo tanto, se deprecien en esa moneda. Es lo que, junto con la reforma laboral que, entre otros puntos, busca adaptar la jornada de trabajo a los requerimientos productivos de las empresas, buscan ofrecer a las patronales manufactureras que reclaman una reducción del costo laboral argentino para subsistir y para, a su forma, aportar al equilibrio de la balanza de pagos.

La única verdad es la realidad

Con todo, las aspiraciones empresarias de reducir el costo laboral en nombre de una supuesta pérdida de competitividad y rentabilidad se da de bruces con los datos que marca la realidad.

Según el último informe de la Cuenta de Generación de Ingresos del INDEC, durante el tercer trimestre de 2024 la remuneración al trabajo asalariado representó apenas el 43,2% del PBI cuando, un año antes, llegaba al 44,9% y, hace ocho años, rozaba el 52 por ciento.

En el sector puntual de la industria manufacturera la remuneración al trabajo asalariado (formal e informal) representó en el tercer trimestre de 2024 el 32,6% del producto sectorial. Se trata de una leve mejora con relación al 30,3% del año anterior pero está bastante por debajo del promedio de 35,2% del mismo trimestre en los últimos ocho años y muy atrás del pico reciente de 45,8% registrada en 2017.