Conte Grand otra vez en la mira: lo denunciaron por encubrir hechos de corrupción de Cambiemos

  • Publicado el 05/07/2022

El Procurador General de la provincia, Julio Conte Grand volvió a quedar en el centro de la polémica luego que se conociera una grave denuncia por presunto encubrimiento de exfuncionarios de Cambiemos investigados por hechos de corrupción.

La denuncia formal fue presentada por la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Susana González, quien acusó al funcionario de “encubrir” a funcionarios del gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires que cometieron serios hechos de corrupción.

En la presentación, la legisladora del Frente de Todos también pidió que se investigue a otras seis personas por la posible comisión de los delitos de "malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública por U$S 95 millones destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas".

Se trata del extitular del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila; al fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta; a los funcionarios de Procuración, Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés; y a Ricardo René López, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago y exespía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

¿En qué se centra la denuncia contra Julio Conte Grand?

Según explicó la diputada provincial Susana González, la denuncia “apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores contra trabajadores del Astillero y representantes gremiales, en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal",

Además, los acusa por "exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias y asociación ilícita".

En su denuncia, González dijo que esos hechos “se realizaron en connivencia entre quienes eran funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios de la Procuración General, Agentes Fiscales”, lo que evidencia “la participación principal del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, junto a integrantes del Ministerio Público y Procuración General”.

La dirigente del Frente Grande, enmarcó los hechos como parte del entramado de persecución política y judicial durante el macrismo conocido como la "mesa Judicial" o "Gestapo antisindical": " Fue un plan de acción, coordinado, entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y provincial que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión”.

En ese sentido, remarcó que “un hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la AFI y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero Río Santiago”.

En esa dirección, Susana González opinó que el fiscal a cargo de esa causa, “decidió ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un acto de corrupción que comprometía a Cambiemos”, lo que considera “un hecho de corrupción probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que incluía a los interventores del Astillero Rio Santiago y a los Agentes de la AFI, por unos 95 millones de dólares”.

La denuncia fue radicada el miércoles pasado en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla, en donde González indicó además que "la denuncia apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal".

González consideró que "se toparon con su propia torpeza" y afirmó que la pericia “demuestra que malversaron U$S 95 millones que estaban destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas".

Asimismo, manifestó su confianza en el avance de la causa, ya que "hay pruebas fundadas" de la complicidad del propio fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, a quien señaló como "mano derecha de Conte Grand" y quien a cargo de la denuncia "lejos de proveer las pruebas y profundizar la investigación penal preparatoria, archivó".

En la denuncia, se aporta el informe técnico de la Prefectura Naval Argentina, y el informe de los contadores en la visita a las instalaciones del Astillero Río Santiago, realizada el día 8 de febrero de 2019 donde se puede observar la materialidad ilícita que sostiene la acusación.

"La gravedad de los hechos revelados, como la omisión deliberada del Agente Fiscal, con connivencia de funcionarios judiciales, de investigar un claro hecho de corrupción que comprometía a Cambiemos" probados mediante pericia de la Prefectura Naval, que involucraba a la intervención del Astillero Rio Santiago y a los Agentes de la AFI, en un contrato suscripto entre Astilleros y una sociedad off shore, con la compra de Planchas y Perfiles de Acero destinados a la construcción de 2 buques por una suma aproximada de 95 millones de dólares” agregó.

La denuncia por la Mesa Judicial y el juicio político a Conte Grand en suspenso

A principios del año, el Frente de Todos decidió impulsar el juicio político contra Julio Conte Grand, Procurador General de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, a quien acusan por "mal desempeño en ejercicio de sus funciones".

La presentación había sido anunciada en conferencia de prensa los diputados César Valicenti, Susana González y Rubén Eslaiman, en la que vincularon al Jefe de los Fiscales de la provincia de Buenos Aires a "una dinámica política, mediática y judicial de las que fuimos víctima todos" y que tradujeron como "un método de persecución" y "espionaje" sin el cual, aseguraron, "no se podría haber avanzado en un proyecto económico y político", en referencia al de Cambiemos.

Si bien el oficialismo intentó hacer avanzar el expediente en la Cámara Baja, se encontró con la resistencia de Juntos y de otros sectores de la oposición que empantanaron el tratamiento del proyecto en el recinto.

 

 

 

 

 

Fuente Infocielo