El Gobierno intenta blindar los vetos con la chequera

A pocas horas de una nueva sesión en la Cámara de Diputados, donde la oposición intentará revertir los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia en Pediatría, el Gobierno desplegó un operativo de control de daños para evitar otra catástrofe parlamentaria. El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, reunió a los aliados electorales alrededor de la reducida mesa federal y partió rumbo al norte en busca de viejos colaboradores, con la billetera abierta y los ATN como carta de negociación. En paralelo Javier Milei disfrazó de aumentos las partidas para universidades previstas en el presupuesto 2026. La estrategia del oficialismo es conseguir que los diputados que en la votación anterior se abstuvieron o se ausentaron voten a favor de blindar los vetos. A última hora del martes, la oposición actualizaba minuto a minuto el poroteo: la emergencia en pediatría tenía mejores chances que el financiamiento universitario. Las claves son los gobernadores y la presión social que la tercera marcha federal que acompañará el desarrollo de la sesión pueda generar en los diputados.

La confianza que tenían los diputados del mega bloque opositor cuando el viernes convocaron a la sesión especial de este miércoles para revertir los vetos de Milei empezó a resquebrajarse. Es que el Gobierno decidió salir a jugar a fondo para evitar una nueva derrota en el Congreso. Tal como pidió para asumir como ministro del Interior, Lisandro Catalán abrió la billetera y desplegó un operativo para seducir a los gobernadores. Las primeras transferencias fueron para dos de los tres mandatarios que aceptaron fotografiarse en la Casa Rosada al día siguiente de que el Ejecutivo vetara la Ley de distribución automática del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los propios gobernadores. Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, recibió una transferencia de 3.000 millones de pesos por ATN y Leandro Zdero, del Chaco, 2.500 millones. Maximiliano Pullaro consiguió para Santa Fe 3.000 millones y Hugo Passalacqua, de Misiones, se llevó 4.000 millones. 

La oposición seguirá de cerca los movimientos de los diputados alineados a estos gobernadores. En la noche del martes, el diputado Gustavo Gonzalez, de la UCR de Misiones, salió públicamente a denunciar un supuesto "pacto" entre Milei y el líder político local, Carlos Rovira. "Cambian votos por favores y después hablan de federalismo", fustigó. Pero al mismo tiempo, el ex gobernador Oscar Herrera Ahuad se pronunció en un acto en contra de los vetos y pidió a viva voz que los legisladores del espacio "acompañen al Garrahan y las universidades". Todo anticipa una sesión caliente. "Si los misioneros juegan hay luz al final del túnel", dijo a este diario un armador de la oposición. 

El siguiente gesto del oficialismo fue la cadena nacional en la que Javier Milei ensayó una moderación hasta ahora desconocida. Allí aseguró que “el 85% del presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones”, justamente los sectores más castigados por la motosierra libertaria. Según el Presidente, el nuevo presupuesto “les asigna $4,8 billones a las universidades nacionales”. El anuncio fue rápidamente rechazado por el Consejo Interuniversitario Nacional. Los rectores respondieron que se trata de “una iniciativa sin novedades que consolida el ajuste sobre el sistema universitario” y advirtieron: “Los 4,8 billones de pesos anunciados por el Presidente para universidades en 2026 quedan muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que el sistema pueda funcionar con normalidad”.

La noche del martes el WhatsApp que comparten los secretarios parlamentarios de los bloques que convocaron a la sesión -Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda- era un hervidero. Las cuentas oscilaban hora tras hora. “Cada media hora estamos dos arriba de los dos tercios o dos abajo en educación”, confió a Página/12 una fuente al tanto de la rosca.

La clave está en los diputados que responden a los gobernadores que en las últimas horas mostraron acercamientos con la Casa Rosada y que en la votación previa se ausentaron o se abstuvieron. Cuando se votó el financiamiento universitario el pasado 6 de agosto hubo 18 ausencias y 5 abstenciones. La lupa está puesta, sobre todo, en lo que hagan los legisladores que responden a Alfredo Cornejo (Lisandro Nieri y Pamela Verasay), ausentes en aquella sesión, y en el radical Gerardo Cipolini, alineado con Leandro Zdero. A pesar de las presiones que recaen sobre los radicales, el diputado Rodrigo De Loredo adelantó en declaraciones con el canal A24 que “por lo menos 11 diputados de nuestro bloque vamos a votar en contra del veto a la Ley de Financiamiento Universitario”. El Gobierno, también apuntaba a los cuatro misioneros que responden a Rovira.

Con el correr de las horas algunos diputados comenzaron a mostrarse indecisos  y dejaron de responder a las consultas de sus pares. Germán Martinez lo denunció en su cuenta de X: . "Es inconcebible que a menos de 24 horas de una sesión tan trascendente aún existan diputados y diputadas que no hayan definido su voto en temas tan sensibles" tuiteó.

Por su parte la Emergencia en Pediatría mostraba mejores perspectivas. Además del apoyo de los tres ex libertarios que ahora conforman el bloque Coherencia - Marcela Pagano, Carlos D'Alessandro y Gerardo González- una parte del Pro también acompañará el rechazo al veto. Este expediente superó los dos tercios en la votación del 6 de agosto a diferencia del Financiamiento Universitario que le faltó un voto para alcanzar ese número. “Solo una tragedia nos haría perder la votación del Garrahan” señalaron desde el arco opositor a este diario.

Afuera del recinto miles de manifestantes presionarán para que el Congreso ponga un límite a la motosierra de Javier Milei. El temario incluye trece expedientes, muchos de ellos bajo la figura de emplazamientos, el mecanismo que los diputados encontraron para forzar a las comisiones a tratar los proyectos que el oficialismo bloquea. Entre ellos se destaca la ley que restringe el uso de los DNU, que ya cuenta con media sanción del Senado pero sigue encajonada en Diputados porque Nicolás Mayoras, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se niega a habilitar su debate.

A esa misma comisión deberán girarse otros expedientes: las citaciones a Karina Milei, Mario Lugones y Guillermo Francos por el escándalo de coimas en la ANDIS, y la creación de la comisión investigadora por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado. También figura un proyecto para depurar y democratizar la Agencia Nacional de Discapacidad, así como el rechazo a decretos delegados firmados por Milei y Patricia Bullrich.

Fuente Página 12-Por Paula Marussich