Milei sostiene a Bullrich ante las críticas por el fotógrafo herido de gravedad y cree que gana apoyos con la mano dura

En la Casa Rosada no hay dudas. Desde la cúpula del oficialismo, la represión a la marcha de los jubilados e hinchas de clubes de fútbol fue vista no como un problema, sino como una demostración de fuerza. “Para nosotros esto es ganancia pura en términos políticos”, dice, sin titubeos, un funcionario clave del gobierno de Javier Milei. La frase, soltada en la intimidad de Balcarce 50, sintetiza la línea oficial: el enorme operativo de seguridad en la plaza del Congreso fue un mensaje y, lejos de generar un costo, reforzaría la identidad de La Libertad Avanza.

El Presidente no estaba ajeno a lo que ocurría en la calle. “Milei estaba al tanto de todo lo que pasaba”, aseguró a elDiarioAR una fuente con acceso directo al despacho presidencial. Y añadió que en las filas oficialistas ya contaban con “informes” que anticipaban que la manifestación, convocada en principio por organizaciones de jubilados contra la licuación de sus haberes, sería infiltrada por sectores más duros. “Ya sabíamos lo que iba a pasar. Teníamos la información”, se jactaron, misteriosos. 

Es que la decisión de intervenir con dureza no se tomó en el momento. Fue premeditada. “Nosotros no somos Macri. No somos flojitos”, dijeron en el Gobierno, en un intento de diferenciarse del expresidente, a quien acusan en privado de haber sido demasiado blando en la gestión del conflicto callejero. “Él dejó que tiren 14 toneladas de piedras, nosotros no”, sentenció un alto funcionario. La referencia es a la violenta represión de diciembre de 2017 en medio de las protestas contra la reforma previsional. En aquella oportunidad, la Casa Rosada se vio desbordada por la resistencia en la calle y las imágenes de policías ensangrentados se convirtieron en un símbolo de debilidad del entonces oficialismo.  

Esta vez el cálculo político de la administración Milei se topó con una grieta imprevista: Pablo Grillo, un fotógrafo independiente de 34 años, pelea por su vida tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. Fue operado de urgencia y su pronóstico es crítico. La noticia provocó un temblor en el Gobierno, que en un primer momento intentó minimizar el hecho vinculándolo con la militancia política del reportero gráfico. “Tiene vínculos con La Cámpora”, lanzó este miércoles por la noche la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en LN+, señalando a la municipalidad de Lanús como su presunto empleador. Sin embargo, el intendente Julián Álvarez salió a desmentirlo.  

La estrategia oficialista de deslegitimar a los manifestantes tropezó con la crudeza de los hechos. La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) salió con un comunicado contundente: “Su vida corre peligro porque no hubo ni un solo resorte político, institucional o judicial que le pusiera freno a la impericia asesina y demagógica”. Pidieron la inmediata renuncia de Bullrich y la responsabilizaron penalmente.