Comienza el juicio por la muerte de Débora Pérez Volpin
- Publicado el 22/07/2019
Finalmente este lunes comenzará el juicio por la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin, con un endoscopista y una anestesista como principales acusados.
El debate se llevará a cabo en los tribunales de Talcahuano desde las 9.30, y en el banquillo estarán el endoscopista Diego Bialolenkier y la anestesista Nélida Inés Puente, quienes están acusados del delito de "homicidio culposo".
El juicio estará a cargo del juez Javier Anzoátegui, y se desarrollará durante las dos semanas de feria judicial, para la cual se habilitó la causa.
El debate iba a comenzar el 10 de junio pasado, pero se suspendió a raíz de recursos pendientes que finalmente fueron rechazados y se fijó esta nueva fecha para el lunes próximo.
Para el inicio está prevista la lectura de la acusación contra los médicos y darles la posibilidad de dar sus últimas palabras, aunque será una jornada larga hasta última hora de la tarde ya que también se espera el testimonio de Enrique Saco, pareja de Pérez Volpin en el momento de su muerte.
Luego, durante todos los días de la semana próxima está previsto escuchar desde las 9:30 hasta la tarde, testimonios, en su mayoría de médicos que actuaron junto con los acusados, pero también peritos oficiales que lo hicieron en la investigación por homicidio culposo.
La acusación en el debate estará a cargo del abogado de la familia de la periodista, Diego Pirota, y la fiscal de juicio María Luz Castagni; y se desarrollará en la sala más grande donde se juzgó a las juntas militares por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, así como el caso de la tragedia de República Cromañón, entre otros.
Pérez Volpin murió el 6 de febrero del año pasado mientras le realizaban una endoscopía en el Sanatorio de la Trinidad del barrio porteño de Palermo.
Los especialistas que participaban del estudio médico fueron Bialolenkier y Puente, quienes están procesados por homicidio culposo, delito por el que se prevé una pena máxima de 5 años de prisión y de hasta 10 de inhabilitación profesional.