Maniobras para barrer Lago Escondido debajo de la alfombra

La causa por el teléfono de Marcelo D'Alessandro pasó a manos del juez Sebastián Ramos, que tiene también el expediente de la excursión de magistrados, funcionarios y empresarios a Lago Escondido. Ramos aparece en las conversaciones hackeadas y tiene como antecedente haber cerrado en 24 horas la investigación de los diálogos entre el exfuncionario porteño y Silvio Robles, operador del presidente de la Corte. 

La Justicia porteña, finalmente, reconoció que no es competente en la investigación de cómo se hizo el hackeo del celular del licenciado ministro de CABA Marcelo D’Alessandro y le envió el expediente al juez federal Sebastián Ramos, que tiene la causa por la excursión de jueces, funcionarios y empresarios a Lago Escondido. En los dos lugares  –la Justicia porteña y el juzgado de Ramos– el PRO y D’Alessandro juegan de locales. La fiscal Daniela Dupuy es de la escudería porteña del macrismo, en tanto que Ramos aparece en las conversaciones hackeadas a D’Alessandro y queda claro que el ministro le suministraba un vehículo para que el juez lo usara. La semana pasada, el fiscal federal Federico Delgado le sugirió al juez que se aparte de la causa “por razones de decoro”, porque quedó evidenciada su relación con D’Alessandro en la adjudicación del vehículo. Pero más grave que eso es que Ramos cerró en 24 horas otro expediente en el que se investigaban los diálogos entre D’Alessandro y Silvio Robles, operador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El juez contestó que no se apartará y se aferró a la causa como adelantó Página/12 el jueves pasado. Una hipótesis nada desdeñable es que la unificación del expediente de los hackeos y el del Lago Escondido le permitirá al juez virar el objeto de la investigación. En lugar de centrarse en los delitos de la excursión al Sur podría centrarse en los hackeos. Tal como quiere Juntos por el Cambio.

En realidad, todo lo que hizo la Justicia desde que este diario reveló el viaje a Bariloche y Lago Escondido es asegurarse que la investigación pase a Comodoro Py y, por supuesto, empantanar el expediente. La denuncia original se hizo en Bariloche, adonde los excursionistas aterrizaron en avión privado. Allí se determinó que las facturas que emitieron jueces y funcionarios eran posdatadas y que hubo pagos en efectivo, todo para tapar que el viaje fue financiado por el Grupo Clarín. Sin embargo, una sala de Casación, con el voto de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, jugó a favor de los imputados y trajo la causa a Comodoro Py. El otro integrante de la sala, Carlos Mahiques, tuvo que excusarse porque estaba también en el avión. Se verifica así, nuevamente, la máxima que rige en el edificio de Retiro: “Toda causa que va contra CFK o el kirchnerismo avanza a todo ritmo; toda causa en que se investiga al macrismo pasa al freezer”.

El escrito de la jueza María Araceli Martínez pinta mucho el cuadro porque la magistrada le dice a la fiscal Dupuy que ella ya había alertado que la causa no correspondía al fuero porteño dado que se trataba de interrupción de comunicaciones -delito federal- y que los hackeados eran jueces y funcionarios públicos. Martínez alega que había que tomar medidas urgentes y que por eso aceptó los pedidos de la fiscal para hacerlas. Lo insólito es que el expediente se inició el 7 de noviembre de 2022 por denuncia de D'Alessandro, es decir que se tomó nada menos que seis meses para concretar las medidas supuestamente urgentes. La verdad de esta cuestión es que el aparato encabezado por el exministro porteño quiso retener la investigación para ver si podía adjudicarle la responsabilidad de los hackeos al peronismo.

El punto que queda claro es que quien le sacó el control del celular a D’Alessandro es un joven misionero, Ezequiel Nuñez Pinheiro. Desde El Dorado, Misiones, el muchacho se dedicaba a eso y lo hizo en 72 ocasiones, de acuerdo a lo que cuenta la jueza. El encargo se lo hizo una persona con nombre falso desde una cuenta de Telegram y el pago se hizo con crytomoneda. Nuñez Pinheiro, asistido por los abogados Sebastián Noguera y Marcos Kapko, admitió los hechos, pero dijo que él sólo tomaba control de la línea, no ingresaba al contenido. Eso lo hacía el desconocido que pagaba la maniobra a razón de 12 mil a 15 mil pesos por “objetivo”, o sea teléfono “intervenido”. Nuñes Pinheiro pidió ser tomado como arrepentido, pero no porque tuviera más información sino porque dice que puede colaborar en detectar al autor intelectual del hackeo.

Del texto de 16 páginas de la jueza Martínez surge que no se logró establecer quién encargó las maniobras de espionaje ilegal. Alguno podrá sospechar que no se quiere avanzar en ese terreno porque todo indica que las jugadas fueron parte de la interna del PRO. Está comprobado que ese espacio usó estos métodos en los últimos 20 años.

¿Hay más chats?

Más allá del delito delimitado por la jueza Martínez –interrupción de comunicaciones– lo que se está tapando es lo que surgió de los chats: un viaje a Lago Escondido, pagado por el Grupo Clarín, el delito de dádivas, relación espuria con un operador de la Corte, bolsas de dinero, vehículos cedidos a jueces, armado de pruebas falsas. Es más, puede ser que se utilice la incompetencia y la unificación de expedientes para centrarse en los hackeos y seguir barriendo bajo la alfombra los delitos de la excursión a los pagos del megamillonario británico Joe Lewis.

El caso tiene todavía enormes interrogantes. Nuñes Pinheiro entró a 72 líneas, entre ellas las de numerosos jueces y funcionarios. ¿Quedan chats por revelar? ¿Aparecerán cuando las internas suban de temperatura? ¿Más cerca de las elecciones? Y hay versiones igual de inquietantes: candidatos de Juntos por el Cambio de los principales distritos tratando de contratar a exagentes de inteligencia para protegerse de estas maniobras o incluso conseguir información sobre sus adversarios en la interna.

Todo indica que habrá más novedades en los tres meses y medio que faltan para las PASO y en el tramo posterior, hacia las elecciones generales.

Fuente Página 12