Como venimos percibiendo desde que asumió este Gobierno, las grandes mayorías seguimos perdiendo derechos, en especial la clase pasiva: jubilados y pensionados. Haciendo una descripción rápida, dentro de los recortes sufridos por los beneficiarios del Sistema Previsional Argentino (SIPA), en primer lugar encontramos la última actualización de la ley de movilidad jubilatoria introducida por Cambiemos.

Esta modificó la formula de “poner al día” los haberes jubilatorios, con la cual, según un estudio del Instituto Argentina de Análisis Fiscal (Iaraf) concluyó que un jubilado, durante diciembre de 2018, "solo podrá acceder al 87% de los bienes que consumía en mismo mes del año pasado". En criollo, perdieron, en diciembre un 13 % de poder de compra. Durante el año pasado, las jubilaciones y pensiones nacionales acumularon un incremento del 28,8%, casi 20 puntos por debajo de la inflación anual determinada.

En segundo plano, nos encontramos con el “paquete de medidas” de la Ley 27.260, creada a mediados del 2016 y publicitada como la “solución”, para resolver los problemas del SIPA y de los adultos mayores, introduciendo entre otros, la mal llamada Reparación Histórica para jubilados y la Prestación Universal para Adultos Mayores (PEUM).

Por supuesto, que nada de lo dicho y publicitado se cumplió. La Reparación Histórica sólo fue una cortina de humo en la cual se perdieron nuestros jubilados y pensionados, que en su gran mayoría recibieron unas “migajas” (Concepto: Porción pequeña y menuda de cualquier cosa).

La Prestación Universal para Adultos Mayores (PUAM) fue creada para reemplazar al Plan de Inclusión, por el cual la argentina logró el 97 % de la cobertura Previsional de personas en edad para jubilarse. La PEUM, alcanza a personas mayores de 65 años que no cuentan con los años de aportes necesarios para jubilarse, ni con otro beneficio previsional, de ningún otro organismo nacional o provincial.

Con la PUAM, continua la sangría de pérdida de derechos, por que el importe mensual es de $ 7.440 equivale al 80% de un haber mínimo jubilatorio ($ 9.300) y además en caso de fallecimiento de su titular, no da derecho a pensión (art. 13; art. 14 y art. 15 de Ley 27.260). En cambio, los beneficios que se otorgaron con el Plan de Inclusión Previsional, esas prestaciones percibían el haber mínimo y daban derecho a pensión.

Y como si esto fuera poco, la prestación social que hoy se asigna a quienes no lograron completar las tres décadas de aportes requeridas para jubilarse, tendría a partir del 2019 un acceso restringido. Según el presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda, la PUAM es incompatible "con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia". Condición que no existía, dado que la prestación surgió con la “intención” de ser útil para quienes, al tener aportes pero no en la cantidad suficiente, pudieran acceder temporalmente al cobro y seguir aportando para reunir los requisitos de un beneficio de jubilación completo.

La cuestión es que en la Argentina actual y tal como lo expresamos en el inicio de nuestra columna “los adultos mayores siguen perdiendo”. Lo que nos faltaría averiguar, es ¿hasta cuándo?

*Abogado